Piden informes por las carpas VIP en la misa del Papa y cuestionan un contrato por $8.690 millones

La iniciativa surgió luego de la polémica generada por la existencia de carpas VIP destinadas a funcionarios, dirigentes políticos, empresarios e invitados especiales durante la celebración religiosa. Según sostiene el legislador, resulta necesario esclarecer quiénes tuvieron acceso a esos espacios, cuáles fueron los criterios de selección y cuánto costaron las prestaciones diferenciadas financiadas durante el evento.

En un mensaje difundido en redes sociales, Juliano vinculó además la controversia con las palabras pronunciadas este lunes por el Pontífice durante su visita a Córdoba. “La Iglesia no es un negocio”, recordó el diputado, al tiempo que cuestionó la organización de sectores exclusivos en un acontecimiento religioso que, sostuvo, “era para todos”.

El pedido requiere información detallada sobre la contratación de DF Entertainment S.A., empresa a la que se atribuye un contrato por 8.690 millones de pesos para la producción integral de la ceremonia. El legislador reclama conocer si ese monto corresponde a una oferta, una adjudicación o una contratación efectivamente perfeccionada, además del detalle de los gastos comprometidos y ejecutados.

Entre los puntos incluidos también figura la identificación de todas las empresas contratistas y subcontratistas que intervinieron en la organización, así como los costos de los servicios gastronómicos, sanitarios, de limpieza, mantenimiento y seguridad.

Uno de los ejes centrales de la presentación apunta a las firmas Tech Security S.R.L. y Purgato S.A.. Juliano solicita que el Gobierno informe si participaron en la prestación de servicios vinculados al acto.

Asimismo, pide precisiones sobre la confección de las listas de invitados especiales, la cantidad de acreditaciones VIP emitidas, los criterios utilizados para su asignación y la eventual existencia de beneficios otorgados a familiares o allegados de funcionarios públicos.

En los fundamentos del proyecto, el legislador aclara que la iniciativa no presupone la existencia de delitos ni de irregularidades administrativas, sino que busca obtener documentación que permita verificar la legalidad, razonabilidad y transparencia de las contrataciones efectuadas.

También cita expresiones pronunciadas por León XIV durante su paso por Córdoba, cuando retomó una frase del papa Francisco al afirmar que “la Iglesia no es un negocio” y señaló que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”. Para Juliano, esos conceptos hacen aún más necesario esclarecer el destino de los recursos públicos utilizados durante la visita papal.

El pedido de informes incluye requerimientos sobre auditorías, controles administrativos, ejecución presupuestaria, posibles incompatibilidades, declaraciones juradas de intereses y mecanismos de transparencia aplicados en cada una de las contrataciones vinculadas al evento, publicó Parlamentario. (APFDigital)