Sobreseen por inexistencia de delito a una policía que fue imputada en la causa que investiga el cobro irregular de adicionales en la fuerza

El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, dispuso el sobreseimiento de Julia Evangelina Sangoy, funcionaria policial imputada en la causa que juzgará a nueve funcionarios por el presunto cobro irregular de adicionales en la División Adicionales. La defensa probó que en el caso de Sangoy, se le atribuyeron erróneamente como irregulares horas que realmente cumplió. Fiscalía acompañó el pedid
Foto: APFDigital
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El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, tras escuchar los argumentos del pedido de sobreseimiento que formuló este martes Eduardo Gerard, que asistió a Julia Evangelina Sangoy, funcionaria policial de 34 años, dispuso dictar su desvinculación definitiva de la imputación por el delito de Peculado, dejando a salvo el buen nombre y honor de la ahora sobreseída.

El juez consideró el acompañamiento del fiscal, Gonzalo Badano, que no la incluyó en los imputados que serían juzgados en un debate oral y público si no optan por una salida alternativa. Se trata de nueve funcionarios que son investigados por su presunta participación en una organización que percibía horas en concepto de adicionales que no se realizaban. La situación respecto de estos está en la etapa de respuesta de las defensas del pedido de remisión a juicio.

Zoff, evaluó que la atribución a Sangoy quedó debilitada con un informe que presentó el defensor, en el que pudo demostrar que a su asistida se le atribuyeron 76 horas que supuestamente había cobrado de manera irregular, pero no fue así. Tras un detallado relato de lo que entendió se debió a un “error” en la registración de la mayor cantidad de horas que se le imputaron, la defensa pidió su desvinculación, que Fiscalía acompañó por los mismos argumentos.

Así, el juez dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito en relación a las horas atribuidas en uno de los meses que comprenden la imputación, y por falta de evidencia para sostener la acusación respecto de cinco horas atribuidas en otro mes.

No hubo retornos

Otro elemento que el juez entendió dirimente para hacer lugar a la desvinculación de Sangoy, consistió en que la imputación respecto de los dos acusados de más relevantes -se trata del comisario Fernando Urquía, jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, y de Marina Bértoli, sargento responsable de cargar los adicionales en el sistema-, sostiene que habrían percibido retornos por parte de los funcionarios imputados por su supuesta participación en el ardid que habría perjudicado a las arcas del Estado en más de 27.000.000 pesos, situación que en caso de Sangoy quedó totalmente desacreditada a partir de los mensajes analizados en la investigación.

Así, consideró que el detallado informe que acreditó que no eran reales las horas que se le atribuyeron más las conversaciones entre los imputados, no arrojaron respecto de Sangoy elementos que permitan acreditar que fue parte de la maniobra.

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Zoff también entendió que fue un sólido argumento a favor de Sangoy que a ella se le atribuyeron 76 horas de adicionales mal percibidos, de las que en 60 de determinó que hubo un error de registro en libros cuya administración exhibe interrupciones, a diferencia del resto de los imputados que son investigados por la supuesta carga en el sistema, posterior cobro y pago de un retorno, de entre 400 y 500 horas, muchas más de las que se le endilgaron a la funcionaria.

El nuevo relato del hecho

El nuevo relato del hecho que formuló Fiscalía, ampliado a otros presuntos beneficiarios del irregular esquema, sostiene que “entre los meses de enero a mayo de 2025, se cargaron, liquidaron y pagaron servicios de adicionales, relativos a la custodia y transporte blindado de valores del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, a funcionarios policiales que no los prestaron, ocasionando un perjuicio al erario público provincial aún en cuantificación, que sería superior a los $27.000.000”.

La acusación añadió que la “maniobra se habría llevado adelante por medio del acuerdo entre el jefe del servicio adicional, la persona encargada de cargar los datos en el sistema y funcionarios que cobraban los servicios no prestados”.

Aportó también que “así, estos adicionales fueron cargados en el sistema por Bértoli, sargento ayudante numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional, y avalados en el sistema como controlados por Urquía, como así también por Pedro Alberto Arena, sargento de la División”.

También acusó que “los funcionarios policiales que cobraron estos adicionales no prestados fueron Bértoli; Arena; Sangoy; cabo primero numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; Colignon, cabo primero de la División Arquitectura de la Dirección General de Administración y Logística; Walter Ramón Broder, oficial inspector con funciones de segundo jefe de la División de Despacho de la Dirección General de Personal; Gabriela Yolanda Arena, sargento primera; Walter Sebastián Dettler, suboficial mayor; Maximiliano Felipe Monzón, agente; Sergio Gustavo Sánchez, suboficial principal.

Asimismo, se investiga la existencia de retornos entre los intervinientes y la participación de otras autoridades policiales y terceros”. (APFDigital)