La confirmación del procesamiento del comisario Rosatelli se sostiene en el presunto “aporte logístico” dentro de “una maniobra organizada”

La Cámara Federal de Paraná confirmó los procesamientos de los cinco imputados en la causa que involucra al comisario Daniel Rosatelli en una presunta “maniobra organizada” de narcotráfico con “distribución de funciones”. Al funcionario también se le imputan una presunta estafa con la compra de un rodado que fue secuestrado con droga y las amenazas y lesiones al vendedor.

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió el martes 17 “rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los imputados Daniel Rosatelli, Martín Pelizzari, Claudio Luna, Alan Favieri y José Favieri, y confirmar la resolución del 10 de septiembre de 2026 en cuanto decreta sus procesamientos, prisiones preventivas y embargo sobre sus bienes, en cada caso, por los delitos endilgados”.

Rosatelli, de 42 años, abogado y oficial de policía; Luna, de 34 años, comerciante que trabaja en un lavadero de autos; y Alan Faveri, de 26 años, albañil, con domicilio en La Paz, están detenidos desde el 19 de agosto de 2026; en tanto que  José Faveri, de 34 años, cuya ocupación “sería la de albañil” y “residiría” en Rosario, lo está desde el 20 de agosto.

La Cámara entendió que “todo lo expuesto permite abonar las presunciones sobre el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso a las que refiere el Magistrado…, que habilitan a mantener el encierro cautelar, por lo que corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensa y confirmar la resolución recurrida en cuanto deniega las morigeraciones de su prisiones preventiva y/o prisiones domiciliarias”.

En la resolución, se expresó que “la privación de la libertad de  Rosatelli, Luna, Alan y José Favieri se presenta –por el momento como la más idónea, necesaria y proporcionada para asegurar -con efectividad- la comparecencia y sujeción de aquéllos al proceso y, a su vez, despejar las posibilidades de entorpecimiento u obstaculización de la investigación”.

No obstante, la Cámara entendió que “deberá profundizarse la investigación a fin de indagar sobre el concreto rol de cada uno de los recurrentes y la existencia de otros eslabones en la cadena de tráfico ilícito -atento que aún se encuentra pendiente de producir el peritaje sobre los celulares secuestrados, entre otros elementos-; por el momento cabe mantener el resolutorio apelado, pues satisface el juicio de probabilidad propio de esta instancia procesal”.

El Tribunal sostuvo que “el Magistrado ha sopesado variables que se desprenden de los elementos concretos de la causa y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre estos encausados, dando acabado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 123 del CPPN, y que no permite una modificación en la calificación legal impuesta, por lo que corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos y confirmar el auto que decreta sus procesamientos”.

Rol

En cuanto a la situación de Rosatelli, la Cámara entendió que “corresponde recordar que se le atribuye haber organizado y facilitado la adquisición de la Citroën Jumper utilizada posteriormente en el transporte de estupefacientes, además de la falsificación vinculada con su identificación registral y los hechos de lesiones graves y amenazas coactivas investigados en perjuicio de Sixto Ramón Maciel, existen en la causa elementos probatorios que permiten afirmar -con el grado de provisoriedad requerido por la instancia- la hipótesis delictiva construida por el Magistrado”.

También respondió al agravio sobre la separación temporal entre la compraventa del 4 de noviembre de 2025 y el procedimiento del 13 de febrero de 2026, de la que expresó que “cabe señalar que, conforme lo destaca el Fiscal General (i), la imputación no se sustenta en la presencia de Rosatelli en el traslado material de la sustancia, sino en el aporte logístico que se le atribuye dentro de una maniobra organizada con distribución de funciones”. Añadió que “en ese contexto, el lapso transcurrido no permite, por sí solo, desvincular la adquisición del vehículo de su utilización posterior”.

Respecto al cuestionamiento respecto de la aludida ausencia de elementos probatorios directos, La Cámara mencionó que “tal como valora el Magistrado: las declaraciones testimoniales de Jonatan Emanuel Barbieri y Emmanuel Wursten, las constancias de la Planta Verificadora de Automotores, los registros de videovigilancia del 4 de noviembre de 2025 -que ubicarían a Pelizzari en la negociación y a Rosatelli examinando la camioneta en calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe-, la verificación se realizó sin turno previo, entre otros elementos, permiten vincular al nombrado en la maniobra endilgada”.

Una misma secuencia

En relación al cuestionamiento defensivo respecto a “la ausencia de comunicaciones directas con quienes habrían ejecutado el transporte”, los vocales señalaron que “debe reiterarse que la hipótesis de una actuación organizada no exige necesariamente contactos telefónicos entre todos sus integrantes, sino que corresponde –tal como se ha señalado- examinar y valorar la convergencia de los aportes atribuidos a cada uno conjuntamente y los elementos objetivos reunidos en esta etapa”.

En aquella línea, la Cámara consideró que “en efecto, la proximidad temporal entre la denuncia por estafa formulada por Barbieri y el episodio sufrido por Maciel constituye un elemento relevante que, en concordancia con lo dictaminado por el Fiscal General (i), permite considerar provisoriamente que ambos acontecimientos integran una misma secuencia de hechos vinculados con la disponibilidad del rodado para su posterior utilización en el transporte de estupefacientes…”.

Antecedentes

Para sostener su resolución, la Cámara tuvo en cuenta “la ocupación de los imputados, sus bienes, vínculos familiares y otras circunstancias que podrían determinarlos por mantener su arraigo pese a la amenaza de pena…”; detallando que Rosatelli no registra antecedentes penales; y que el 26 de mayo de 2015 a Luna se le suspendió el proceso a prueba en el Juzgado de Garantías Nº3 de esta ciudad por el término de un año y se impusieron normas de conducta.

Alan Favieri, fue condenado el 5 de junio de 2020 por el Juzgado de Garantías de La Paz a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fragmentadas directamente al consumidor; y José Faveri, fue condenado el 5 de junio de 2020 por el Juzgado de Garantías y Transición de la Paz a 4 años de prisión por el delito de narcomenudeo y el 14 de junio de 2024 el TOF de esta ciudad lo condenó a la pena de 1 año de cumplimiento efectivo, por el delito de tenencia simple de estupefacientes en concurso real. (APFDigital)