INVESTIGAN UN FRAUDE MILLONARIO EN LA OBRA SOCIAL DE LA JUSTICIA

CAPITAL FEDERAL, 09 JUL (APF.Digital)

La maniobra descubierta a comienzos de año consistía en la sobrefacturación o la invención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en una investigación interna de la obra social, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad del botín.

Ellos son Eduardo Bazerque, que se desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y Elsa Sosa, de la sección facturación. Tras la denuncia, ambos fueron desplazados a otros destinos dentro del Poder Judicial: Bazerque fue a la Morgue y Sosa, a la Dirección de Administración del Consejo de la Magistratura.

Según las primeras estimaciones de los investigadores, la defraudación supera los dos millones de pesos.

La denuncia la hizo el 16 de mayo el director general de la obra social, Hugo Destouches, tras recibir un informe de la asesoría jurídica. Esa pesquisa fue impulsada por el entonces contador del organismo Ricardo Podestá, el primero en detectar las irregularidades. El funcionario declaró ante Servini de Cubría como testigo.

En el informe, caratulado "Investigación administrativa sobre facturación sección odontológica", se detallaba que el año pasado algunos dentistas habían multiplicado su facturación en forma llamativa y sin la documentación de respaldo, informaron a LA NACION cuatro fuentes del caso.

Tras tomar las primeras medidas, el 13 de junio Servini de Cubría decretó el secreto de sumario. Luego, dispuso allanamientos simultáneos en la obra social, en las casas de los funcionarios involucrados y en los consultorios de los dentistas sospechosos. Al día siguiente, Podestá fue trasladado a la Cámara de la Seguridad Social.

Cuando denunció el tema ante la Justicia, Destouches destacó la llamativa variación de los montos facturados por algunos dentistas entre 2005 y 2006. El director de la obra social advirtió que en algunos casos habían multiplicado sus ingresos por diez y dijo que para ello habían contado con la anuencia de empleados del organismo que él encabezaba.

Un caso paradigmático es el de la odontóloga María Pintado Rueda, que pasó de facturar 26.500 pesos en 2005 a 439.000 pesos en 2006, según información aportada a la causa desde la obra social. Otro dato llamativo es que, luego de iniciada la investigación interna, Pintado Rueda no reclamó el cobro de su última prestación, por la que había facturado 62.246 pesos.

La odontóloga es uno de los cuatro profesionales que admitieron la maniobra irregular. Dijo que el trato era que debían entregar el 50 por ciento de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba pos su consultorio. Algunos de los testimonios, detallaron que el encargado de ir a buscar el dinero era el hijo de la funcionaria.

• Casos sospechosos

Los otros dentistas que se declararon culpables son María Martha Malizia, Graciela Tarditi y Adalberto Chiappino. "En el país ocurren cosas más serias para que investiguen esto. Ahora, si quieren quemar gente al cuete, me parece bien", dijo el último cuando LA NACION lo consultó sobre el caso. Después, cortó la comunicación.

Ante un requerimiento de la obra social para que presentara la documentación para cobrar una factura por 52.762 pesos, Chiappino dijo que le sería muy complicado y que por lo tanto no reclamaría el pago. Lo mismo dijo Tarditi, con una factura de 50.059 pesos, según testimonios de la causa.

Otro de los dentistas sospechosos pasó de facturar 16.000 pesos en 2005 a 238.000 pesos en 2006. Los casos abundan: en el mismo período, otro de los odontólogos aumentó su facturación de 145.000 a 500.000 pesos.

A medida que fue apareciendo documentación, la jueza se dio que cuenta de que la maniobra era mayor y decidió ampliar la investigación a otros 12 dentistas. Reclamó además al Banco Central de la República Argentina (BCRA) un informe sobre todas las cuentas bancarias y movimientos de dinero de Bazerque y Sosa, los dos funcionarios acusados.

Los investigadores sospechan que para concretar la operación los funcionarios del organismo recurrían a dos modalidades: pagar facturas sin documentación o fraguar la firma de los afiliados en las planillas que deben presentar los odontólogos para cobrar las prestaciones.

La obra social es uno de los organismos del Poder Judicial que dependen administrativamente de la Corte Suprema, como el Cuerpo Médico Forense y el Cuerpo de Peritos Contadores.

Ante la magnitud que estaba cobrando el asunto, en los primeros meses del año el director del organismo informó al administrador general del máximo tribunal, Nicolás Reyes, en la Corte desde la época de Julio Nazareno. Reyes, a su vez, habló con el presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, que le encargó investigar el tema al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, según contó una fuente del Consejo. En tribunales, el tema ya está en boca de todos. (APF.Digital)