TODAVIA NO SE PIDIO LA INTERVENCION DEL GOBIERNO POR LA FUMIGACION EN INMEDIACIONES DE UNA ESCUELA

PARANÁ, 23 MAR (APF.Digital)

Según lo establecido en la normativa vigente, “se debe guardar una distancia de 50 metros de la aplicación terrestre del establecimiento o del cerco perimetral de la escuela o una distancia de 150 metros si es una aplicación aérea”, explicó el funcionario. Además, “hay que comunicar con 48 horas de anticipación, como así también informar qué tipo de producto será aplicado acompañado de una receta agronómica”. En el caso de que la fumigación se realice cerca de un establecimiento “solicitamos la presencia de un profesional de la Agronomía en el momento de aplicación para que tomen los recaudos necesarios en cuanto a velocidad de viento, dirección del viento y humedad”, agregó.

Arbitelli explicó a esta Agencia, que conoció “por los medios” la denuncia formulada por el personal de la escuela de Mojones Sur, pero que hasta el momento “no han requerido todavía ninguna participación de la Dirección”. Para intervenir, “necesitamos que el afectado haga una exposición policial y ahí entramos con la aplicación de la Ley”, precisó.

De todos modos anticipó que “en el caso de que intervengamos y se compruebe que no se respetó la norma, se aplicarán las sanciones correspondientes”, que van desde apercibimiento, en caso que se trate de la primera vez, hasta la multa, e incluso la suspensión de la matrícula del profesional a cargo.

• La denuncia

Personal docente de la Escuela Primaria 25 de Mayo y la Secundaria N° 16 del distrito Mojones Sur, en el Departamento Villguay, denunció el efecto perjudicial que provoca la fumigación con agroquímicos en las inmediaciones de la institución educativa.

Según relató Daniel Dellazuana, uno de los docentes que promovió la denuncia contra las empresas propietarias de los campos de la zona, “el viernes 12 del corriente, mientras alumnos y docentes realizábamos educación física en el predio de la escuela, un mosquito nos fumigó pasando a unos 30 metros. La neblina del agroquímico arrastrado por una suave brisa que provenía del sur ingresaba lentamente por nuestras fosas nasales y por nuestra piel, mientras la impotencia nos paralizaba al saber que podíamos engrosar la lista de los tantos niños que murieron últimamente en la zona de Mojones Sur”, enunció el educador sobre la delicada situación que atraviesa la comunidad educativa.

En diálogo con UNO, comentó el temor de los estudiantes por denunciar la intoxicación a la que son sometidos. “Muchos de nuestros alumnos son empleados de las empresas que regentean los campos y tienen miedo de perder el trabajo”, indicó, a lo que agregó: “En la mayoría de los casos se trata de gente pobre”.

Al recordar el día en que vivieron en carne propia el efecto devastador que provocan este tipo de productos en sus cuerpos, el docente resaltó lo complicado que resultó radicar la denuncia en sede policial, aunque como primera medida decidieron recurrir a la asistencia médica. “Concurrimos al hospital público Santa Rosa de Villaguay. Allí se constataron diferentes patologías, como alergias y otras afecciones respiratorias. En algunos casos nos recetaron decadrón”, aseveró.

Asimismo reveló que se trata de males menores en comparación con los perjuicios fatales que tiene sobre el ser humano. “La acumulación de agroquímicos en el cuerpo produce leucemia”, advirtió Dellazuana.

De acuerdo a datos que pudo recabar en la zona, en los últimos 10 años se multiplicaron las muertes de niños y adultos. No obstante, dejó entrever su angustia por la dificultad que tienen los pobladores cuando necesitan asistencia médica y todo se vuelve más engorroso a la hora de radicar una denuncia. “Para ellos todo se pone cuesta arriba. Este tipo de estudios cuesta entre 10.000 y 15.000 pesos”, razonó.

Las consecuencias de los agroquímicos –un silencioso veneno esparcido en el aire– no sólo se cobran vidas en un margen cada vez más reducido de tiempo, sino que también se conocieron denuncias de familias que sufrieron la pérdida de entre 300 a 400 colmenas.

“No hemos hecho los pasos legales. Necesitamos la mínima seguridad para dictar clases en el campo y las mismas que necesitan los niños para asistir a la institución. En definitiva los derechos propios de su edad”, explicó el docente.

A la vez dejó abierto un gran interrogante en cuanto al compromiso que tienen sus vecinos para seguir avanzando en la cuestión. “El personal docente me acompaña, pero en general hay poca voluntad; es un tema candente”.

Los alumnos que concurren a la institución son alrededor de 80, mientras que la planta de personal docente asciende a 15. “La directora Gabriela Brumbertoló nos acompaña en esta iniciativa”, dijo Dellazuna. (APF.Digital)