AGMER REITERA EL PEDIDO AL GOBIERNO PARA DISCUTIR SALARIOS

PARANÁ, 17 MAY (APF.Digital)

“La suba de precios golpea duramente a las mayorías populares. Este impacto es mayor entre los sectores más empobrecidos, que soportamos el encarecimiento de la canasta alimenticia. El incremento de estos precios duplica el promedio general y en algunos rubros –como la carne- alcanzó niveles escalofriantes. La inflación anual de los hogares pobres promedió el año pasado el 22%, mientras que su equivalente entre las familias ricas alcanzó el 13%. La misma tendencia se verificó en los dos primeros meses del 2010 con subas del 6,5% en el primer caso y 4,9% en el segundo”, postula el documento.

“Un ejemplo de este impacto diferenciado – menciona – es la licuación de la asignación universal por hijo, cuya preservación requeriría un ajuste mensual automático por la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos. En esta línea debería estar el aporte para el comedor escolar que recibe $2 por alumno (comida y merienda) absolutamente insuficiente y cada día más retrasado con la extrema gravedad que hablamos del derecho humano fundamental de la niñez como es el derecho a la alimentación”.

“En Paraná según los datos proporcionados por la CTA local hay 6.276 niños en riesgos nutricional y 15.595 en riesgo social, mientras que en la provincia el número de riego nutricional es de 20.272 mientras que el número de niños en riesgo social es de 60.000”, recuerda.

“En estos días el principal impulso inflacionario deviene de las macroganancias de las grandes empresas. Estos datos confirman la perdurabilidad de una conducta empresaria impune que ante cualquier circunstancia remarcan los precios y fugan dinero al exterior. Un control efectivo de los precios solo es factible si se conduce a verificar los costos. Los costos de producción se encubren para ocultar las ganancias que constituyen hoy el motor de la inflación. A tal efecto sigue vigente la vieja ley de abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y llegado el caso, expropiar a remarcadores y generadores de mercados negros. Resulta indispensable introducir desde el estado el control del comercio exterior, medida vital para divorciar el precio local de sus equivalentes internacionales, y eliminar el IVA a los artículos de la canasta familiar”, señala.

“El aumento de precios que vinimos sufriendo los trabajadores en un 20% en lácteos, un 17,7% en electricidad, el 80% en carnes, un 40% indumentaria, libros y educación, 30% en transporte, un alquiler medio ronda los $1200 de manera tal que cualquier conquista salarial se ve rápidamente licuada por el proceso inflacionario”, señala.

“En este apretado marco los asalariados ocupados en un 45% estamos por debajo del umbral de la línea de pobreza y según el organismo oficial, la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, esta medición se encuentra por encima de $1830. Hoy el salario de un maestro, trabajador intelectual, es de $1740. Es obvio que el trabajador no solo vive para comer sino que necesitamos vestirnos, acceder a la vivienda, perfeccionarnos, acceder a bienes culturales, recrearnos, atendernos la salud”, puntualiza.

“Estos argumentos de los que vivimos de nuestro trabajo y recibimos contraprestación un salario necesitamos una urgente recomposición salarial, y es posible porque hoy la Provincia al haber renegociado deuda con la Nación cuenta con muchos recursos como para dar aumento a todos los trabajadores que dependemos del Estado Provincial. Los trabajadores recordamos muy bien cuando se sancionó el presupuesto 2010 el compromiso de los gobernantes fue que ni bien hubiera disposición de recursos estos irían a mejorar los postergados salarios. También recordemos que en el año 2009 los aumentos salariales fueron exiguos o no fueron directamente”, remarca.

“Finalmente recogemos algunas declaraciones del Poder Ejecutivo Provincial de los últimos días donde deslizó que va haber aumento de sueldos y solicitamos una convocatoria urgente para este fin”, concluye. (APF.Digital)