LA MUJER QUE HABRIA SIDO VICTIMA DE UNA RED DE TRATA DE PERSONAS VUELVE A GUALEGUAYCHU A DECLARAR

GUALEGUAYCHÚ, 26 MAY (APF.Digital)

A pedido del fiscal Lisandro Beherán, el Juez de Instrucción Eduardo García Jurado le tomará declaración a Graciela Cañete, a partir de la presentación que realizó el Jefe de Policía Roberto Sánchez ante los magistrados de turno, por la nota publicada en Diario El Día sobre la mujer que denunció haber sido secuestrada en Ezeiza y trasladada a Gualeguaychú a trabajar como esclava sexual en un boliche nocturno en octubre del año pasado.

Cañete llega hoy a nuestra ciudad en un automóvil particular, acompañada de dos efectivos policiales y dos personas de su confianza, entre ellos su abogado Juan Carlos Yaggi. Según contó García Jurado y plantea penalizar a los que convierten las personas en mercancías, es decir, víctimas de explotación sexual o laboral.

Sin embargo, como delito, leyes anteriores se encargaron de la problemática de la explotación sexual. Uno de los pioneros fue Alfredo Palacios quién impulsó en 1913 la ley N° 9143, que se encargó de proteger a las víctimas y penalizando a sus responsables.

Pero fue en 1938 la Ley 12.331 (que aún sigue vigente) la que estableció en su artículo 15 que “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Incluso en la misma norma se establecen penas para quienes “Sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente, casas de tolerancia”.

“Esta Ley nunca fue derogada pero nunca se aplicó, hay condena cero”, explica Sebastián Basso, Fiscal Federal consultado por 24CON. “En el delito de Trata, por recomendación internacional, siempre se presume que las autoridades policiales o políticas locales pueden tener algún vínculo, por lo que se otorgó la competencia federal y actúan jueces y fuerzas federales con divisiones especiales como la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Aeronáutica”, agregó. De ahí que en los operativos sea común que trabaje personal de Prefectura Naval.

“La idea en este delito es sacarle a la persona la cualidad de sujeto y transformarla en un objeto. Se busca sacarle todo rastro de humanidad para que sirva como objeto sexual. Las víctimas suelen ser personas vulnerables, fácilmente captadas por engaños o por la fuerza, y llevadas a un prostíbulo por un valor determinado”, aclaró.

“En muchos allanamientos se encontró que las víctimas son mantenidas en estado de drogadicción y alcoholismo para soportar el trato al que son sometidas”, explicó Basso, aunque también insistió con la necesidad de investigar a fondo cada caso ya que por este mismo motivo el testimonio de las víctimas puede contener elementos inexactos. (APF.Digital)