Enriquecimiento ilícito: la defensa de la esposa de Pedro Báez instó el sobreseimiento de la acusada

La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dictó un cuarto intermedio para resolver los planteos que realizó el defensor, José Velázquez, que junto a Ignacio Díaz, asiste a Sofía Raquel Riquelme, ex esposa del ex director de Información Pública, ex ministro de Comunicación y Cultura y ex diputado provincial, Pedro Báez, en las gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri.

Ambos son investigados por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. Fiscalía sostuvo que cuenta con evidencia de cargo que acredita la sustracción de más de 650.000 dólares de las arcas del Estado en beneficio personal durante el período comprendido entre 2007 y 2016.

Defensa

El defensor solicitó que se haga lugar a los pedidos de prescripción por violación de los plazos razonables que prescribe el Código Procesal; la insubsistencia de la facultad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para continuar con la investigación; el sobreseimiento de Riquelme y, en caso de su rechazo, la realización de una pericia oficial contable que será realizada, de encontrar acogida el planteo, por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en reemplazo de los informes que realizaron los peritos contables del MPF y el de parte que realizaron contadores de los imputados.

Velázquez manifestó su sorpresa por el anuncio de los fiscales respecto a que el miércoles 9 solicitaron la remisión de la causa a juicio. Destacó que la defensa no fue notificada y se estaba enterando en la audiencia de la decisión. Así, pidió que se la suspenda y añadió que no es posible realizar el debate sin una pericia oficial contable e insistió en el “irrazonable” período de investigación que supera los 6 años de pena, como máximo, que prevé el delito de Enriquecimiento ilícito.

Velázquez señaló que la causa se inició de oficio en octubre de 2016 por impulso de la ex procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche. En este punto cuestionó que aquella decisión exhibió una clara decisión de Política Criminal de la Procuración de investigar este hecho, del que destacó que lleva nueve años de proceso desde que se dictó la apertura de la causa.

A Riquelme, jubilada del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) que tuvo pasos por otros organismos como el Copnaf y la Orquestas infanto juveniles de Entre Ríos, que dependía de la cartera de la que, por aquella etapa, su entonces esposo tenía a su cargo como ministro de Cultura, se le atribuye una participación necesaria en la ejecución del delito.

El defensor citó fallos y jurisprudencia para fundamentar su posición respecto a que Fiscalía “se excedió notablemente en el plazo razonable” y por ese motivo se instó “la extinción” de la acción penal. El defensor cuestionó que no existe un complejo entramado de empresas dedicadas a beneficiarse de la pauta publicitaria que manejaban Baez y Urribarri, como sostuvo Fiscalía.

Fiscalía

Los fiscales, Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, fundamentaron su rechazo a los pedidos de la defensa. Argumentaron que la investigación fue realizada por dos fiscales que ahora son jueces y llevó mucho tiempo por la cantidad de medidas que se dispusieron, por la reticencia de los organismos descentralizados con los que los imputados habrían desviado millonarias sumas de pauta publicitaria en su beneficio, que en el medio pasó la Pandemia y no fue óbice para continuar con la investigación pero se encontraron con aquella reticencia o demora en responder a los pedidos de informes.

También destacaron que la investigación nunca se detuvo, que no hubo “lagunas” de tiempo en las que no se produjeron medidas investigativas, destacaron la condición de funcionario público de Báez y el rol de partícipe de quien era su conyugue en el período investigado. En este punto mencionaron las propiedades de las que la malograda pareja no habría podido justificar, consistentes en propiedades de mucho valor en las que se realizaron mejoras de la misma condición, la adquisición de autos y camiones, inversiones en una decena de empresas, trasferencias de importantes sumas a destinatarios que no se habrían consignado, entre otras maniobras que se detallaron con precisión.

Respecto del pedido de una pericia oficial contable, los fiscales se opusieron y respondieron que Baez ocupó cargos durante 12 años y ahora, con el pedido de remisión concretado, viene a instar el cierre de la investigación. Añadieron que pudieron hacerlo antes y no lo hicieron. (APFDigital)