Contratos Truchos: Otro integrante del estudio contable Integral Asesoría accedió a la Probation

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió este miércoles, en la continuidad de la audiencia de Suspensión del Juicio a prueba o Probation en la que se dirimió la situación de nueve imputados en la denominada causa Contratos Truchos en la Legislatura, otorgar el beneficio por el plazo de tres años, más la observación de reglas de conducta y el cumplimiento de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público a designar por la Oficina de Medios Alternativos (OMA), por 96 horas globales por cada año de Probation, a Pablo Balladares, que vive en Trenque Lauquen, en Buenos Aires; y a María Jazmín Mena Gioveni y Viviana Gisele Mena Gioveni, que viven en Tandil, Córdoba. Los tres quedaron fuera de la audiencia del martes 15 por problemas de “traslado y logística”.

Al grupo, que fue acusado del delito de Peculado por 11 hechos en concurso real con Asociación ilícita, como partícipes necesarios, se sumó el contador público Guido Daniel Krapp, que integraba el estudio Integral Asesoría junto a los probados de la audiencia del martes, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, y  el informático, Nicolás Beber. También era parte del estudio el contador Pedro Opromolla, que fue mencionado en la audiencia para fundamentar el pedido de Probation para Krapp, puesto que como era contratado de obra en la provincia al igual que Krapp, revestía la condición de funcionario público, que es uno de los requisitos que veda el acceso al beneficio.

Al igual que en la caso de Mansilla y Beber, Fiscalía fundó su cambio de parecer respecto al rol de Krapp en que si bien revestía aquella condición, el aporte que realizó no fue relevante para la consumación del presunto delito y su rol lo desempeñó en el ámbito privado. Fiscalía recordó que para Krapp había adelantado que en el debate solicitaría una pena de cinco años, que vedaba el acceso al instituto, y seis para Opromolla.

Reparación

En la audiencia Fiscalía recordó los montos que en concepto de reparación simbólica del daño se comprometieron los ahora probados a pagar. Así, Balladares depositará en una cuenta a los efectos la suma de 1.500.00, en tanto que las dos hermanas repararán con 750.000 y 785.000 pesos respectivamente. La novedad la constituyó la suma que ofreción Krapp: 10.000.000 pesos. Todos deberán depositar las sumas entre los 30 meses de los 36 que durará la Suspensión del juicio a prueba.

Los fiscales señalaron que evaluaron para desistir de la acusación que Krapp, al igual que Mansilla y Beber, de haber llegado al juicio oral y público, hubiesen obtenido penas de cumplimiento condicional, no obstante que en los pedidos consignados en el escrito de remisión, se había solicitado una pena de cumplimiento efectivo.

Integral Asesoría

En el punto 2.2.2 de la extensa remisión de la causa a juicio, los fiscales desarrollan “el aporte de los miembros del estudio contable ‘Integral Asesoría’” y despliegan la hipótesis que sostuvieron durante toda el proceso: “Está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo, se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables, para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”.

Referente

También sostuvieron que “en efecto, la íntegra gestión impositiva en materia de contratos ficticios era realizada por los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure (quien luego pasó a trabajar directamente con Alfredo Bilbao, de estrecha relación con Gustavo Hernán Pérez), siendo además el primero de ellos, funcionario público por ser agente de planta permanente del Senado provincial, y claramente el ‘referente’ del Estudio Contable para la Organización delictiva”. (APFDigital)