Procesaron a Alfredo Coto en una causa por armamento iniciada en 2016
Una denuncia anónima presentada en 2016 activó una investigación judicial que, casi diez años después, terminó con el procesamiento del empresario Alfredo Coto por una causa vinculada al hallazgo de armamento en depósitos asociados a su empresa.
La resolución fue firmada el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 en el expediente CFP 5542/2017, tras una etapa de instrucción que incluyó inspecciones administrativas, informes técnicos y distintos peritajes sobre el material hallado en instalaciones relacionadas con Coto Centro Integral de Comercialización S.A, según precisó Bae Negocios.
El origen de la investigación
El expediente comenzó a partir de una inspección administrativa realizada por el entonces Registro Nacional de Armas (RENAR), hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Durante ese procedimiento se detectó la existencia de armamento, granadas antitumulto, proyectiles de gas, municiones y chalecos antibala almacenados en depósitos vinculados a la firma.
Según la investigación judicial, parte del material se encontraba clasificado para uso exclusivo de fuerzas de seguridad. También se registraron irregularidades en los mecanismos de registración y custodia del armamento.
En el expediente se consignó además la presencia de armas con numeración presuntamente adulterada y otras que registraban pedido de secuestro previo. La causa también analizó la trazabilidad de granadas lacrimógenas adquiridas años antes por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Peritajes y reconstrucción técnica
Durante la instrucción se incorporaron peritajes balísticos, químicos y metalográficos junto con informes administrativos y actuaciones de distintas fuerzas de seguridad.
A partir de ese material probatorio, el juzgado reconstruyó movimientos de armamento, registros documentales, cadenas de custodia y contrataciones vinculadas al material bajo análisis.
La resolución judicial distingue las situaciones procesales de los distintos imputados. El magistrado dispuso procesamientos y sobreseimientos según el grado de participación atribuido en cada caso y dejó abierta la posibilidad de que las partes recurran la decisión ante la Cámara Federal.
La situación procesal
En el expediente intervino como abogado defensor Santiago Viola, quien actualmente se desempeña como apoderado nacional de La Libertad Avanza.
El procesamiento constituye una decisión propia de la etapa de instrucción y no implica una condena definitiva. La causa podrá continuar su trámite en instancias superiores si las partes presentan recursos de apelación contra la resolución dictada por el juzgado. (APFDigital)