Proponen crear una comisión bicameral para reformar el Código Rural de Entre Ríos
Este martes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que propone una reforma integral del Código Rural de la Provincia, una norma que rige desde el 28 de noviembre de 1892. La iniciativa, impulsada por el diputado justicialista Sergio Castrillón y acompañada por Laura Stratta, Enrique Cresto y Silvia Moreno, plantea la creación de una Comisión Bicameral encargada de redactar una nueva ley.
Según los fundamentos del proyecto, la actual legislación fue concebida bajo parámetros socioeconómicos propios del siglo XIX, lo que genera limitaciones para responder a la realidad rural contemporánea. El objetivo es "dotar a la provincia de un instrumento legal moderno, coherente y eficaz, que brinde seguridad jurídica", adaptándose a las nuevas exigencias del sector agropecuario.
Los detalles de la Comisión
El texto del proyecto establece la creación de la "Comisión Bicameral para el Estudio y Reforma del Código Rural de la Provincia de Entre Ríos", la cual estará integrada por cinco senadores y cinco diputados, garantizando la "pluralidad de la representación política".
La misión de este órgano es la de "elaborar un proyecto de reforma integral del Código Rural de la Provincia de Entre Ríos, con el fin de adecuar su contenido a las transformaciones jurídicas, productivas, tecnológicas, sociales y ambientales que atraviesa el sector agropecuario".
Un trabajo participativo y ad honorem
Uno de los puntos destacados de la propuesta es la apertura a la sociedad civil y a expertos del sector. El proyecto faculta a la comisión para "recibir y considerar aportes y propuestas provenientes de organismos públicos, instituciones académicas, entidades profesionales, organizaciones del sector y demás actores vinculados a la actividad agropecuaria".
Asimismo, la iniciativa aclara que se podrá designar un número limitado de colaboradores externos, aunque el texto subraya que estos desempeñarán sus funciones con "carácter ad honorem, sin generar erogación alguna para el Estado provincial".
Plazos y urgencias
La urgencia de la reforma radica en que el código actual tiene más de un siglo de vigencia. Los autores señalan que el desarrollo tecnológico y la consolidación de políticas ambientales demandan un marco regulatorio que el texto de 1892 no puede ofrecer.
"La normativa vigente presenta limitaciones que impiden dar respuesta eficaz a los desafíos actuales del sector, entre ellos la necesidad de normar con precisión la utilización sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento territorial", argumentan los legisladores en el proyecto.
De aprobarse la ley, la Comisión dispondrá de un plazo de un año para cumplir su cometido, con la posibilidad de una prórroga extraordinaria de tres meses para elevar el anteproyecto final a la Legislatura. (APFDigital)