UCR Activa denuncia una "operación política" para subordinar al radicalismo entrerriano al poder provincial

Documento completo: "Un radicalismo subordinado al poder"

En una provincia golpeada por el cierre de industrias y comercios, la caída del poder adquisitivo, la angustia social y el deterioro de la vida cotidiana, resulta obsceno que una parte de la dirigencia radical esté concentrada en rediseñar cargos, nombres y mandatos partidarios. Mientras Entre Ríos y la Argentina necesitan una oposición seria, sensible y con propuestas, el radicalismo entrerriano discute cómo reordenar su poder interno. Esa desconexión con la realidad ya es, por sí sola, un hecho político grave.

Pero hay algo peor: todo indica que esta avanzada para acortar mandatos no responde a una necesidad genuina de la UCR, sino a una lógica ajena al partido y funcional al poder provincial. Cuando una fuerza ordena su vida interna no por sus convicciones, su doctrina y sus reglas, sino por subordinación al poder de turno, deja de actuar como partido y empieza a comportarse como una estructura obediente.

Se pretende instalar que existe un acuerdo unánime para avanzar en el acortamiento de los mandatos y que todas las autoridades de la provincia están dispuestas a renunciar. Eso no es cierto. En todo caso, involucra a algunos sectores internos, legisladores y funcionarios, pero no a la totalidad del partido. UCR Activa, por ejemplo, no fue convocada a esa discusión previa. La supuesta unanimidad no es más que una ficción para darle apariencia de consenso a una maniobra orientada desde arriba.

Detrás del llamado “acortamiento del mandato” se esconde una operación políticamente inaceptable y de extrema gravedad institucional. No se trata de un problema de calendario ni de un tecnicismo partidario: se trata de decidir si en la UCR de Entre Ríos las normas se respetan o se fuerzan cuando dejan de convenir. La contradicción es mayor porque las actuales autoridades no fueron elegidas por el voto directo de los afiliados, sino por un acuerdo entre líneas internas —del que UCR Activa no formó parte—, y son precisamente varias de esas mismas líneas las que hoy quieren remover antes de tiempo a quienes surgieron de aquel consenso.

La magnitud del problema es enorme. Entre Comité Provincial, Comités Departamentales y delegados al Comité Nacional hay alrededor de 400 cargos en juego. A eso se suman 668 congresales entre titulares y suplentes. Estamos hablando de más de 1.000 cargos partidarios, sin contar comités de ciudad y municipios.

La Carta Orgánica fija mandatos de dos años, no prevé la revocatoria y sólo contempla situaciones extraordinarias frente a la interrupción del orden constitucional, no por urgencias de aparato ni conveniencias coyunturales. Insistir en este camino empuja al partido a un papelón jurídico, político e institucional, con serio riesgo de conflicto y judicialización por parte de quienes legítimamente quieran permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de sus mandatos.

Llamar a esto “normalización” o “reorganización” agrava aún más el problema. En la historia argentina, ese lenguaje fue demasiadas veces el eufemismo de los quiebres institucionales. En un partido atravesado por la memoria de los derrocamientos de Yrigoyen y de Illia, y por la tragedia de la última dictadura, usar hoy esos términos para justificar el recorte de mandatos constituye una irresponsabilidad política e histórica intolerable.

El radicalismo nació para limitar el poder, no para someterse a él. Lo demás no es modernización: es subordinación, oportunismo y degradación doctrinaria. (APFDigital)