Piden que el Gobierno informe las estadísticas oficiales de suicidios en la Policía de Entre Ríos entre 2023 y 2026

Un pedido de informes que ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos este jueves, solicitó al Poder Ejecutivo provincial que “se sirva informar, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad y Justicia, lo siguiente: Primero: Si el Poder Ejecutivo cuenta con estadísticas oficiales sobre muertes por suicidio en personal de la Policía de Entre Ríos durante el período 2023–2026”. Añadió que “en caso afirmativo, indique el número total de casos registrados y su desagregación por año, detallando edad, cargo o grado y jurisdicción de prestación de servicios”.

En segundo lugar instó a que se “informe si existen datos oficiales disponibles respecto de intentos de suicidio, ideación suicida y conductas autolesivas en el personal policial. En caso afirmativo, precise el alcance de los registros, período relevado y áreas intervinientes. Asimismo, indique si se prevé el fortalecimiento de los sistemas de información en esta materia”.

También pidió que “indique cuáles han sido las acciones, programas o dispositivos que se han implementado desde ambos Ministerios para el abordaje de esta problemática, detallando líneas de intervención, mecanismos de articulación institucional y, en caso de corresponder, su grado de implementación”.

El proyecto de la diputada peronista Silvia del Carmen Moreno, precisó que el objeto es “recabar información precisa, actualizada y sistematizada respecto de la situación de la salud mental del personal de la Policía de Entre Ríos, en particular en lo relativo a muertes por suicidio, intentos de suicidio, ideación suicida y conductas autolesivas”.

Condiciones laborales

La legisladora, tras detallar legislación nacional y provincial respecto de la grave problemática,  consideró que “en este marco, resulta particularmente relevante atender la situación del personal de las fuerzas de seguridad, en tanto su labor cotidiana que implica una exposición diferencial a factores de riesgo psicosociales, tales como estrés crónico, contacto permanente con situaciones de violencia, uso y portación de armas de fuego, exigencias operativas de alta intensidad”.

Añadió que “a ello se suman, en muchos casos, factores vinculados a las condiciones laborales, tales como extensas jornadas de servicio, esquemas de turnos rotativos, demandas operativas permanentes y condiciones salariales que pueden incidir en la calidad de vida del personal. Estos elementos, considerados en conjunto, pueden impactar en el bienestar psicosocial de los trabajadores y requieren ser contemplados en cualquier estrategia de abordaje integral”.

Cuestión de salud pública

Moreno destacó que “la problemática del suicidio constituye una cuestión de salud pública de creciente relevancia, que exige un abordaje integral por parte del Estado”. Añadió que “en este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el suicidio representa una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global, lo que impone a los Estados la obligación de desarrollar políticas activas de prevención, detección temprana y asistencia”.

El pedido de informes destacó que “en el ámbito nacional, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, en el año 2024 se registraron 4.249 muertes por suicidio en la República Argentina, con una tasa de 9,8 casos cada 100.000 habitantes, constituyéndose en la principal causa de muerte violenta en el país”.

También destacó que “los sistemas de vigilancia sanitaria han permitido avanzar en la medición de la problemática, registrándose miles de intentos de suicidio anualmente, con una relación estimada de más de 17 intentos por cada caso consumado” y señaló que “estos registros corresponden a la población general y no se encuentran desagregados por pertenencia a fuerzas de seguridad, lo que evidencia la necesidad de contar con información específica a nivel provincial dado los últimos acontecimientos relacionados a suicidios de personal policial de nuestra provincia”.

En el ámbito de la provincia de Entre Ríos

La diputada expresó que en Entre Ríos “la situación presenta indicadores particularmente preocupantes”. Precisó que “la provincia registra actualmente una de las tasas de suicidio más elevadas del país, alcanzando aproximadamente 19,8 muertes cada 100.000 habitantes en 2024, lo que implica prácticamente duplicar la media nacional”.

También alertó que “la evolución reciente evidencia una tendencia sostenida, con incrementos respecto de años anteriores y la persistencia de valores elevados en registros parciales más recientes, lo que da cuenta de la magnitud y continuidad del fenómeno”.

Moreno precisó que “en este marco, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 establecen la responsabilidad del Estado de desarrollar políticas activas de prevención, asistencia y producción de información epidemiológica, como herramientas fundamentales para el diseño de intervenciones eficaces”.

En aquella línea añadió que “a partir de la incorporación de los intentos de suicidio como evento de notificación obligatoria en el sistema sanitario nacional, se ha comenzado a dimensionar con mayor precisión la problemática: los registros recientes dan cuenta de miles de intentos de suicidio reportados anualmente en el país, lo que confirma que se trata de un fenómeno significativamente más amplio que los casos fatales”.

Además indicó que “en el plano normativo, corresponde destacar que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 establece el derecho de todas las personas a la protección de su salud mental, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, con un enfoque comunitario e interdisciplinario”.

Moreno fundamentó el pedido de informes que “resulta oportuno que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, brinde información detallada que permita fortalecer las políticas públicas existentes, promover estrategias de prevención más eficaces y contribuir al cuidado integral del personal policial”.

Consideró que “el acceso a esta información resulta fundamental para el adecuado ejercicio de las funciones de control que competen a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, favoreciendo el diálogo institucional y la construcción de consensos en torno a una problemática de alta sensibilidad social” y solicitó “la aprobación del presente proyecto con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de salud mental y protección de los derechos de los agentes públicos”. (APFDigital)