Fuertes críticas de la comunidad académica a la implementación de IA en salud mental

La implementación de herramientas tecnológicas en áreas sensibles del Estado ha encendido una alarma en el ámbito académico y profesional de Entre Ríos. Autonomía y Participación, colectivo político universitario que agrupa a docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Uader, manifestó su rotundo rechazo a la aplicación de inteligencia artificial destinada a la orientación en salud mental.

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Desde el agrupamiento advierten que esta medida no representa un avance tecnológico, sino un intento de "encubrir el desfinanciamiento" de las políticas públicas estructurales. Asimismo, señalan la contradicción de proponer soluciones algorítmicas en una provincia que enfrenta altas tasas de suicidio y donde la inversión en el área apenas alcanza el 4,7% del presupuesto de salud, lejos del 10% estipulado por la Ley Nacional de Salud Mental.

A continuación, se transcribe de manera íntegra el comunicado emitido por el colectivo:

"Desde AyP queremos expresar nuestro profundo rechazo a la implementación de una aplicación de inteligencia artificial para la orientación de madres y padres sobre problemáticas en el campo de la Salud Mental”.

“Nos manifestamos en contra de robotizar y mecanizar una función tan sensible como la escucha en su dimensión clínica, ya que esta iniciativa promueve la deshumanización del lazo social”.

“Desde nuestro posicionamiento ético, consideramos inconcebible que la singularidad que brinda el tratamiento personalizado y el lugar que le damos a la pregunta no puede ser sustituida por un algoritmo”.

“Esta aplicación basada en lA tensiona el secreto profesional, el cual en un vínculo terapéutico está protegido por confidencialidad, resguarda la subjetividad y la confianza”.

“En una app todo dato puede ser almacenado, procesado y utilizado bajo condiciones poco transparentes. Esto implica riesgos concretos como pérdida de privacidad, uso de datos sensibles y ausencia de responsabilidad clínica ética directa sobre los sujetos y, por supuesto, la comunidad en general”.

“Este tipo de aplicaciones ya cuenta con cuestionamientos previos. Un antecedente en nuestro país ha generado expresiones de rechazo por parte de diversos colegios profesionales de la Argentina, debido a una aplicación similar contratada por el municipio de Trenque Lauquen”.

“Resulta preocupante que, frente a la alta tasa de suicidios en la provincia, quienes deben velar por la salud mental propongan una aplicación en lugar de fortalecer los dispositivos de salud a través de una mejora presupuestaria, garantizando la atención por parte de profesionales formados y especialistas en la temática”.

“Advertimos que este tipo de medidas no constituyen innovación, sino una forma de encubrir el desfinanciamiento y el abandono. La ausencia de políticas adecuadas tiene consecuencias concretas: agrava el sufrimiento, dificulta el acceso a tratamientos y puede derivar en situaciones evitables de extrema gravedad”.

“En un contexto de Emergencia en Salud Mental sostenida, se priorizan anuncios y estrategias comunicacionales por sobre políticas públicas estructurales, sin garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental”.

“En relación con el presupuesto, cabe mencionar el incumplimiento de dicha Ley en lo que respecta a la inversión económica necesaria para el mejoramiento de los servicios. La normativa establece que se debe destinar un 10% del presupuesto de salud, mientras que en Entre Ríos sólo se asigna el 4,7%”.

“A esta situación se suma la precarización salarial de las y los trabajadores de la salud pública, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad afecta no solo al personal asistencial, sino también a las y los docentes que forman a profesionales en dicho campo, quienes perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica”.

“Rechazamos las políticas que promueven estas herramientas tecnológicas en desmedro de las profesiones y el sostenimiento del lazo social. Al respecto, recordamos que la carrera de Psicología es de interés público y posee incidencia directa en la salud de la población, lo que requiere una formación de años con especificidades clínicas que resultan irreductibles frente a una aplicación”.

“Consideramos esta acción una muestra de irresponsabilidad ética y profesional, así como una desvalorización de nuestra universidad provincial, la cual aloja carreras con especificidades disciplinares fundamentales en este campo". (APFDigital)