Este domingo se vota en Perú: entre el récord histórico de candidatos y la crisis por la delincuencia
Perú se encamina a una tensa elección presidencial atravesada por dos características centrales: una escalada inédita de la criminalidad en el país y una fragmentación de la oferta política que dificulta la emergencia de liderazgos y consensos claros. En este sentido, los votantes deberán elegir entre nada más y nada menos que 35 candidatos, ninguno con una ventaja decisiva en las encuestas.
El proceso electoral suma, además, un componente institucional relevante. Por primera vez en más de tres décadas, el país volverá a contar con un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores. La cámara alta tendrá atribuciones clave, como la designación de organismos de control y la posibilidad de destituir al presidente, sin estar sujeta a disolución.
El trasfondo es una crisis política persistente. En los últimos diez años, Perú tuvo ocho presidentes y tres Congresos, muy por encima de lo esperable en un esquema de mandatos de cinco años, lo que refleja una inestabilidad estructural entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Récord de candidatos presidenciales
En ese escenario, las encuestas muestran a Keiko Fujimori al frente, con una intención de voto cercana al 15%. La candidata de derecha, hija del expresidente Alberto Fujimori, se presenta a elecciones por cuarta vez con un eje de campaña centrado en la seguridad. En este sentido, entre las propuestas de la política se encuentra el despliegue de las Fuerzas Armadas, la construcción de cárceles y un paquete de medidas orientadas a recuperar el control territorial.
Fujimori también plantea recomponer la confianza del sector privado a través del impulso a proyectos mineros demorados —estimados en unos u$s60.000 millones de dólares—, avanzar en la formalización de la minería informal y expandir la infraestructura de riego para potenciar la agroexportación.
Detrás de Fujimori aparece un pelotón de cinco aspirantes separados por menos de cinco puntos porcentuales. Entre ellos se destacan los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont, con un perfil nacionalista y propuestas de renegociación de contratos de recursos naturales, y Rafael López Aliaga, empresario que promueve créditos para pymes desde la banca estatal.
También compiten Carlos Álvarez, figura del espectáculo que propone medidas de alto impacto como la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos y la instauración de la pena de muerte para sicarios; Jorge Nieto, exministro de Defensa, que promete resolver la inseguridad en “no más de un año” y Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central, que apunta a depurar la policía y atacar las finanzas del crimen con herramientas tecnológicas.
La preocupación por la inseguridad
Muchos de los candidatos apuntan sus principales propuestas orientadas a resolver el problema de la delincuencia. En cuanto a la macroeconomía, Perú llega a las urnas con una proyección de crecimiento del PBI del 3%, apalancada por el precio del cobre, y una inflación anual en torno al 2%, una de las más bajas de la región.
Pero el costo de la inseguridad ya tiene peso propio en la economía: representa el 1,7% del PBI, unos u$s5.000 millones anuales, según el Ministerio de Economía. Ese impacto funciona como un impuesto indirecto que condiciona tanto el consumo como la inversión.
En términos del delito, las cifras son contundentes. Las denuncias por extorsión se quintuplicaron en los últimos cinco años, mientras que los homicidios se duplicaron. La irrupción de organizaciones criminales extranjeras introdujo nuevas modalidades y focos de violencia, a lo que se suma la expansión de economías ilegales como la minería clandestina y el narcotráfico, que consolidan zonas con escasa presencia estatal.
Así, las respuestas de campaña reflejan ese clima. Fujimori plantea reforzar el control de fronteras y cárceles con apoyo militar, mientras López Aliaga propone incluso construir una prisión en la Amazonía con condiciones extremas para evitar fugas. Álvarez, por su parte, busca replicar modelos de seguridad de países como El Salvador, Dinamarca y Singapur, y Belmont apuesta por fortalecer la red de atención inmediata a víctimas.
Un final abierto
Con este nivel de dispersión, el escenario más probable es una segunda vuelta. Ningún candidato aparece en condiciones de superar el 50% de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera instancia, por lo que el balotaje del 7 de junio se perfila como definitorio.
Las autoridades electorales anticiparon que los resultados finales recién estarán disponibles el jueves 16 de abril, una vez computadas las actas provenientes de las zonas rurales más alejadas y del voto en el exterior. Mientras tanto, el país se prepara para una elección que, más que ordenar el mapa político, podría profundizar su fragmentación, publicó Ámbito. (APFDigital)