Cuestionan el nuevo proyecto nacional sobre discapacidad y advierten riesgos para prestaciones y derechos
El proyecto contempla mayores exigencias y controles para acceder y permanecer en los beneficios, además de cambios en el esquema de prestaciones y financiamiento que podrían afectar la continuidad de tratamientos y el funcionamiento de instituciones y profesionales. En ese sentido, advirtió que “los cambios propuestos podrían debilitar la red que garantiza la atención día a día”.
Ríos enmarcó estos cuestionamientos en una situación que definió como crítica para el sector. “Hoy no sólo estamos frente al incumplimiento de una normativa vigente, sino ante la vulneración sistemática de derechos”, afirmó, al señalar que la legislación actual garantiza el acceso a prestaciones, tratamientos y acompañamiento integral para personas con discapacidad.
Advirtió que en la práctica el sistema ya presenta dificultades concretas, entre ellas “demoras en pagos, recortes en prestaciones, trabas administrativas y falta de actualización de aranceles”, lo que —según indicó— deja a miles de personas sin la atención necesaria.
Otro de los puntos centrales del planteo apunta a la relación entre empleo y pensiones. El funcionario municipal cuestionó que el esquema propuesto pueda implicar la pérdida de beneficios al acceder a un trabajo formal. “No hay verdadera inclusión posible si al incorporarse al sistema laboral se pierde la pensión”, sostuvo, al señalar que esto obliga a muchas personas a elegir entre trabajar o mantener un ingreso básico.
Asimismo, remarcó que la problemática debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. “Esto no es solamente un tema técnico ni presupuestario. Es una cuestión de derechos humanos”, afirmó, al advertir que cada ajuste o demora impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Ríos subrayó la necesidad de garantizar políticas públicas que aseguren la inclusión y la igualdad de oportunidades. “Defender la discapacidad es defender una sociedad más justa”, expresó, y concluyó: “Porque cuando una ley no se cumple, es el Estado el que abandona. Y eso no puede naturalizarse”. (APFDigital)