Piden al Gobierno provincial asistir dos hogares para personas con consumos problemáticos ante el desfinanciamiento del Sedronar

Un proyecto de resolución que ingresó este martes a la Cámara de Diputados de la provincia solicitó al Poder Ejecutivo entrerriano “declarar la preocupación por la situación crítica que atraviesan el Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Paraná y el Hogar de Cristo de la ciudad de Gualeguaychú, pertenecientes a la red nacional de la Familia Grande del Hogar de Cristo” y que “a través de los organismos competentes, arbitre los medios necesarios para brindar asistencia y acompañamiento institucional a los Hogares…, ante la situación de emergencia generada por el atraso en los pagos comprometidos por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), a fin de garantizar la continuidad de sus dispositivos de atención y prevenir el cierre de dichas instituciones”.

También solicitó que el Poder Ejecutivo Provincial “gestione, con carácter urgente, ante las autoridades nacionales competentes y ante la propia Sedronar, la regularización de las transferencias adeudadas a los Hogares de Cristo de la provincia”.

Crisis generada

El pedido señaló “la crisis generada por el atraso en los aportes de Sedronar” y reseñó que “el financiamiento de ambas instituciones depende de manera casi exclusiva de las transferencias que realiza la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), organismo del Estado Nacional responsable de financiar y articular los dispositivos de atención comunitaria en materia de adicciones en todo el país. Dichos aportes representan el 95% de los ingresos con los que operan los Hogares de Cristo de Entre Ríos”.

En el proyecto de la diputada del bloque peronista, Laura Stratta, se advirtió que “desde hace tres meses, Sedronar ha dejado de efectuar dichas transferencias, generando una situación de emergencia financiera sin precedentes para ambas organizaciones. La ausencia de recursos durante ese período ha comprometido severamente su capacidad para sostener su personal, mantener sus instalaciones, garantizar la alimentación de las personas asistidas y sostener los dispositivos terapéuticos y de acompañamiento que hacen al corazón de su labor”.

Desamparo inmediato

La diputada alertó que “de no revertirse esta situación en el corto plazo, ambas instituciones se verán forzadas a interrumpir sus actividades y, en el escenario más crítico, a cerrar definitivamente sus puertas. Ello implicaría el desamparo inmediato de las aproximadamente 800 personas -entre ellas, 100 niños y niñas- que hoy encuentran en estos espacios su principal o única red de contención”.

En el pedido se resaltó que “frente a la inacción del Estado Nacional y la incertidumbre sobre el sostenimiento de sus actividades, los Hogares de Cristo de Paraná y Gualeguaychú han debido recurrir a la solidaridad de la comunidad para garantizar su continuidad. Bajo el lema ‘Recibimos la vida como viene’, ambas instituciones llevan adelante una campaña de recaudación de fondos que incluye colectas presenciales, difusión en redes sociales y cobertura por parte de los medios de comunicación”.

Obligación del Estado

Stratta destacó que “la respuesta solidaria de la ciudadanía entrerriana es, sin dudas, un testimonio del valor que la comunidad reconoce en estas instituciones y del lugar que ocupan en el tejido social de nuestras ciudades. Sin embargo, esta Honorable Cámara entiende que la subsistencia de organizaciones que cumplen una función pública esencial no puede ni debe depender de la caridad privada: es obligación del Estado -en todos sus niveles- garantizar las condiciones para que puedan desarrollar su tarea con la estabilidad y previsibilidad que sus asistidos merecen y necesitan”.

Así, sostuvo que “si bien la crisis tiene su origen en la inacción del Estado Nacional a través de Sedronar, ello no exime a la Provincia de Entre Ríos de su responsabilidad en la materia. La salud pública y la asistencia social son competencias concurrentes entre la Nación y las provincias, y el principio de no regresividad en materia de derechos sociales impone al Estado Provincial el deber de actuar cuando la omisión de otro nivel del Estado pone en riesgo derechos ya garantizados”. (APFDigital)