Lesa Humanidad: "50 años después podemos sentar a los dos gendarmes en el banquillo", dijo la fiscal Minatta

En ese marco, explicó que el debate retoma hechos ya juzgados en una instancia anterior, pero con nuevos imputados. “Son los mismos hechos, las víctimas son las mismas de aquel juicio, lo que pasa es que logramos traer a juicio a dos gendarmes que en aquella ocasión habían logrado la suspensión del debate por cuestiones de salud”, señaló.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde brindó detalles del proceso judicial que se desarrolla en Entre Ríos.

Minatta relató las dificultades que atravesó la investigación para lograr que ambos acusados enfrenten el juicio: “Presentaban siempre certificados médicos, cuando se fijaba una audiencia no concurrían, pero en migraciones surgían vuelos de ellos a España, a Brasil, a Francia”. En ese sentido, indicó que fue clave la intervención de la Corte: “Logramos que los reexaminara y estableció que estaban en plenas facultades mentales y físicas para afrontar el juicio”.

Los hechos: operativos, secuestros y torturas

La fiscal detalló que el juicio aborda dos episodios ocurridos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, ambos vinculados a militantes del Partido Comunista.

El primero, conocido como “la noche del cumpleaños”, tuvo lugar en mayo de 1977: “Un grupo de militantes estaba celebrando en una casa quinta cuando irrumpe un operativo conjunto de Policía Federal, Ejército y Gendarmería”. Según describió, las víctimas fueron privadas de su libertad en el lugar y sometidas a extrema violencia: “A una niña le apuntaron con un arma en la cabeza y a su mamá la amenazaron con que si no dejaba de llorar le iban a volar la cabeza”.

Luego, los hombres fueron trasladados a dependencias de Gendarmería: “Allí fueron sometidos a malos tratos, tortura, como era propio de aquella época”, indicó Minatta, quien agregó que permanecieron detenidos varios días antes de ser liberados.

El segundo hecho ocurrió en enero de 1978, en el balneario Banco Pelay: “Se interrumpe una guitarreada, se cortan las luces y dos personas son llevadas a una quinta donde también son brutalmente torturadas”. En ese episodio, destacó una situación particularmente grave: “El hijo de uno de ellos, de 13 años, quedó abandonado toda la noche, en un estado de mucha angustia”.

Un juicio con nuevos enfoques

Minatta señaló que el proceso también busca avanzar en aspectos poco explorados en causas de lesa humanidad. Por un lado, la responsabilidad de la Gendarmería: “Han sido las fuerzas menos investigadas en este tipo de delitos, así que también es una novedad en un punto”.

Por otro, destacó la intención de reconocer a niños y niñas como víctimas directas: “Buscamos que se los reconozca en forma directa y no como algo que corre la suerte de su mamá o de su papá”. Esta perspectiva, explicó, responde a estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pruebas y expectativas

La fiscal remarcó que gran parte de los hechos ya fueron probados en el juicio anterior (PC 1), por lo que ahora el eje está puesto en determinar responsabilidades individuales: “Lo que resta es despejar cuál fue el rol de ellos aquella noche. Están señalados como quienes comandaban el operativo”.

Además, indicó que en uno de los casos uno de los imputados “está señalado como quien infringía la tortura y manejaba la picana”.

Sobre el desarrollo del juicio, precisó que continuarán las audiencias durante mayo y que se espera llegar a la etapa de alegatos hacia fin de mes. “El juicio va avanzando, hemos logrado traer a todos los testigos que necesitábamos”, afirmó.

Finalmente, valoró el proceso como un paso más en la búsqueda de justicia: “Podemos decir que es un paso más en este proceso, después de tantos años y con todo lo que costó llegar hasta acá”.

Intimación al Registro Único de la Verdad

Durante la entrevista, Minatta también se refirió a una situación ocurrida en el marco del juicio vinculada al Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, que se presentó como amicus curiae en la causa.

Según explicó, tras participar inicialmente, la representante del organismo se desconectó durante una audiencia y luego informó que no continuaría presente por otros compromisos. Frente a esta situación, la jueza del tribunal, María Ivonne Berros, resolvió intimar formalmente al organismo a definir su continuidad en el proceso.

“El tribunal decidió intimar al Registro Único de la Verdad a manifestar si es su interés continuar, porque no presentarse a un juicio teniendo esa responsabilidad se considera una inconducta procesal”, señaló la fiscal.

Minatta también deslizó una crítica respecto a la actitud del organismo: “Para el Registro Único de la Verdad, cuyo trabajo tiene que ver directamente con el desarrollo de los juicios, siendo que no es que hay muchos juicios de lesa en este momento, también hay una valoración desde el punto de vista de la opinión que se puede hacer”.

La situación abrió un interrogante sobre el rol activo de este tipo de organismos en procesos judiciales de lesa humanidad, especialmente en instancias donde su participación resulta clave para el acompañamiento institucional y la reconstrucción de memoria. (APFDigital)