El Gobierno Provincial inicia sumarios a empleados de Desarrollo Humano y exige la devolución de casi $27 millones
El Gobierno de Entre Ríos endureció los controles sobre el presentimo en la administración pública. En las últimas semanas, se formalizó la instrucción de sumarios administrativos contra tres agentes pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano, tras detectarse irregularidades críticas en el cumplimiento de sus funciones y el cobro de salarios sin la contraprestación laboral correspondiente.
Los decretos 1005, 1006 y 1012, publicados en el Boletín Oficial Nº 28.333, refrendados por el gobernador y la ministra Verónica Berisso, apuntan contra José Luis Bondaz, María Paz Alvarez y Marcelo Alberto Hartman. Según los considerandos de las normas, la medida se fundamenta en que los agentes fueron sancionados “por registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo”.
Montos y devoluciones
La Dirección General Administrativo Contable del ministerio realizó una liquidación detallada de los haberes percibidos de forma indebida. La suma total que el Estado provincial pretende recuperar asciende a $26.773.863,62, distribuidos de la siguiente manera:
- María Paz Alvarez: $10.182.200,99.
- José Luis Bondaz: $8.935.699,30.
- Marcelo Alberto Hartman: $7.655.963,33.
Además del capital principal, los agentes deberán abonar los intereses devengados según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.
Plazos legales y advertencia de Fiscalía
El Ejecutivo otorgadó un plazo perentorio de 30 días corridos para que los implicados realicen el depósito de los fondos. En caso de incumplimiento, los decretos son taxativos al ordenar la intervención inmediata de la Fiscalía de Estado.
"Dese intervención a Fiscalía de Estado, en caso de que no se produzca la devolución de los haberes percibidos indebidamente, para que dé inicio a las acciones legales [...] tendientes al recupero del monto determinado", subrayan los instrumentos legales.
Esta decisión se enmarca en una política de transparencia y eficiencia del gasto público, donde el control de la planta permanente —bajo el Reglamento aprobado por Decreto Nº 2/70 y sus modificaciones— busca asegurar que los recursos del Ministerio de Desarrollo Humano lleguen efectivamente a los sectores que los requieren, evitando el desvío de fondos hacia personal que no cumple con su deber. (APFDigital)