Piden que el Poder Ejecutivo precise sobre contratos temporales y su incidencia en la sostenibilidad del sistema previsional
Este martes ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de la provincia para que dé “precisiones técnicas, estadísticas y financieras de vital importancia respecto de la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones, íntimamente ligada a las políticas de empleo y las modalidades de contratación del personal público en la provincia y los municipios adheridos”.
El pedido plantea determinar de qué manera el principio de solidaridad y equilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que demanda un control respecto de la relación trabajadores activos y trabajadores pasivos, se ve afectado por la proliferación de modalidades de contratación temporal.
El pedido del informes, del diputado peronista, Enrique Cresto, entre varios puntos de similar relevancia, pidió al Ejecutivo que “a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, informe detalladamente sobre los siguientes puntos referidos a las medidas de control de aportantes y el impacto del empleo público precarizado en el sistema previsional”. Así, solicitó “detalle la cantidad total de agentes activos aportantes a la Caja de Jubilaciones, desagregados por Escalafón General, Carrera Sanitaria, Seguridad, Docentes, Poder Judicial, Legislativo y Municipios adheridos al sistema provincial”.
También instó a que se informe “cuáles son los mecanismos, auditorías o medidas de control de regularidad que implementa activamente este organismo para constatar la correspondencia entre la cantidad real de trabajadores contratados (bajo modalidades de planta transitoria, locación de servicios, contratos de obra, funcionarios políticos , legisladores locales o figuras análogas de prestación de servicios continuados) en los distintos estamentos del Estado Provincial y Municipal, y los aportes previsionales efectivamente ingresados”.
Otro punto de importancia del pedido estribó en que se “indique si ese organismo previsional posee un registro o relevamiento del personal estatal que cumple funciones bajo modalidades de precarización laboral (monotributistas o contratados sin aportes a esta Caja) que representen potenciales pasivos contingentes para el sistema”.
“Severo desfinanciamiento”
Cresto fundamentó el pedido en que “el sostenimiento del principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja requiere un control estricto sobre la relación activo/pasivo y, fundamentalmente, sobre la regularidad de los aportes devengados”. Así, destacó que “la proliferación de figuras contractuales transitorias o de locación de servicios en el ámbito estatal —muchas veces utilizadas de manera sostenida en el tiempo para cubrir necesidades permanentes de la administración— no solo vulnera derechos laborales elementales, sino que priva al sistema previsional de aportes genuinos en el presente, generando un severo desfinanciamiento”.
El legislador advirtió que aquella “situación de desvío ha comenzado a encontrar respuestas unánimes en los estrados judiciales de nuestra provincia. Un claro ejemplo de esto es el reciente fallo dictado en la ciudad de Concordia, en los autos ‘Guatini c/ Municipalidad de Concordia’, donde se ha reconocido formalmente que los años de servicio prestados bajo contratos de locación deben ser computados a los fines del cálculo de la antigüedad de los trabajadores”.
Compuerta a masivos reclamos
También indicó que aquel “criterio judicial no solo pone en jaque los modelos de contratación precarizada, sino que tiene un impacto previsional directo y bidireccional que esta Legislatura debe conocer: 1. Por un lado, abre la compuerta a masivos reclamos administrativos y judiciales para la regularización de aportes y contribuciones patronales omitidas durante los períodos contractuales encubiertos (impacto en la recaudación inmediata). 2. Por el otro, al reconocerse mayor antigüedad, se altera sustancialmente la base de cálculo de las futuras prestaciones previsionales de miles de agentes en condiciones similares, incrementando el pasivo contingente de la Caja”.
El legislador entendió que “resulta imperioso que el organismo rector de la seguridad social de Entre Ríos detalle qué medidas de control preventivo está adoptando frente a estas prácticas de contratación que desfinancian el sistema, y cómo prevé mitigar o reestructurar el flujo de recaudación e impacto actuarial que el reconocimiento de estos derechos laborales y previsionales generará de forma inminente en las arcas provinciales”. (APFDigital)