2026-05-26

"Súper Rigi": los 10 ejes de la iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para fomentar inversiones en sectores que hoy no operan en el país, como inteligencia artificial y semiconductores. La iniciativa exige un piso de U$S 1.000 millones y ofrece beneficios impositivos y estabilidad jurídica por tres décadas.

El Gobierno nacional formalizó este martes el envío al Congreso del proyecto denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper Rigi”.

Esta normativa busca captar proyectos de gran escala en áreas tecnológicas y actividades consideradas nuevas para la economía argentina.

Sectores estratégicos y requisitos de inversión

El régimen tendrá una vigencia de cinco años y está destinado exclusivamente a sectores que actualmente no tienen presencia en el país o cuyo desarrollo es apenas experimental.

Entre las industrias priorizadas se encuentran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.

Para acceder a este esquema, las empresas deberán cumplir con un piso mínimo de inversión de U$S 1.000 millones por proyecto.

Además, la ley exige que el 20% de ese monto sea desembolsado durante los primeros dos años posteriores a la adhesión.

Un punto clave es que quedan excluidas las modernizaciones o ampliaciones de plantas ya existentes; el incentivo es solo para emprendimientos nuevos canalizados a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU).

Beneficios fiscales y cambiarios

Las empresas que se sumen al Súper Rigi contarán con una carga tributaria reducida.

El proyecto prevé una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias y la exención total de derechos de importación y exportación para bienes vinculados al proyecto.

En cuanto a los dividendos, la tasa bajaría al 3,5% tras cuatro años de permanencia en el régimen.

En materia cambiaria, el Gobierno propone un esquema de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: los inversores podrán disponer del 20% el primer año, del 40% el segundo y del 100% a partir del tercer año.

Seguridad jurídica y arbitraje internacional

Uno de los pilares del proyecto es la garantía de estabilidad normativa por 30 años en aspectos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Asimismo, establece que cualquier controversia con el Estado podrá resolverse mediante arbitraje internacional.

Finalmente, para que los beneficios tengan alcance pleno, las provincias y municipios deberán adherir expresamente a la norma nacional.

El texto aclara que cualquier normativa local que intente limitar estos incentivos será considerada nula.

Uno por uno, los 10 ejes principales del “Súper Rigi”

  1. Objetivo y sectores: Busca atraer inversiones de gran escala para actividades que hoy no se desarrollan en Argentina o son experimentales, priorizando sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.
  2. Inversión mínima: Se establece un piso de U$S 1.000 millones por proyecto, con la exigencia de desembolsar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión.
  3. Exclusividad: El régimen aplica solo a proyectos nuevos canalizados a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU); quedan excluidas las ampliaciones o modernizaciones de instalaciones ya existentes.
  4. Vigencia: El esquema tendrá una duración de cinco años una vez aprobado por el Congreso.
  5. Beneficios impositivos: Los proyectos adheridos pagarán una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias y contarán con un régimen de amortización acelerada.
  6. Dividendos: La carga sobre dividendos y utilidades se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de permanencia en el régimen.
  7. Incentivos aduaneros: Se exime totalmente del pago de derechos de importación y exportación a los bienes e insumos vinculados al proyecto.
  8. Disponibilidad de divisas: Se permite el acceso progresivo a los dólares de exportación: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercer año.
  9. Estabilidad y seguridad jurídica: El Estado garantiza 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras y cambiarias, permitiendo que las controversias se resuelvan mediante arbitraje internacional.
  10. Adhesión local: Las provincias y municipios deben adherir expresamente para aplicar los beneficios; cualquier norma local que limite o altere estos incentivos será considerada nula de nulidad absoluta, publicó La Voz del Interior. (APFDigital)
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