2026-05-27

Quita de subsidios: Piden que el Gobierno forme un fondo para cubrir el costo de pasaje gratuito para personas con discapacidad

El pedido insta al Gobierno entrerriano a constituir “urgente” un fondo de compensación para cubrir el costo de los pasajes gratuitos en el transporte público de jurisdicción provincial otorgados a personas con discapacidad y trasplantadas. Se sostuvo que la decisión coloca al transporte público de media y larga distancia provincial en “una crisis terminal” y desprotege a los más vulnerables.

Un proyecto de resolución instó “al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y la Secretaría de Transporte de la Provincia, arbitre de forma urgente los mecanismos económicos y financieros necesarios para constituir un fondo de compensación provincial destinado a cubrir el costo de los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad (Ley Nacional Nº 22.431 y Ley Provincial Nº 9.891), personas trasplantadas ( Ley Nº 26.928) en los servicios de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial”.

El proyecto, que ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados, también solicitó que el Poder Ejecutivo “convoque de manera inmediata a las cámaras empresarias del sector de transporte automotor de pasajeros de la provincia y a las asociaciones civiles que representan a los usuarios alcanzados por los beneficios, a los fines de coordinar un Registro Provincial de Gratuidad que garantice la normal prestación del servicio y evite la interrupción o restricción en la entrega de pasajes”.

Contexto

El contexto de presentación del proyecto fue la decisión que adoptó el martes 25 el Gobierno Nacional que eliminó el sistema de subsidios del Estado con el que se compensaba a las empresas de colectivos de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, a personas trasplantadas o en lista de espera para recibir un trasplante y a niños y adolescentes con cáncer.

Entre los argumentos del proyecto de resolución se señaló que “ante la deserción del Estado Nacional en el financiamiento de estas políticas de inclusión, es la Provincia de Entre Ríos quien debe asumir el rol de garante de los derechos de sus ciudadanos. No se trata de convalidar el ajuste centralista, sino de ejercer el federalismo de manera activa, protegiendo a los enfermos y a las personas con discapacidad entrerrianas mientras se dirimen los reclamos judiciales o administrativos pertinentes contra la Nación”.

Fundamentos

El autor del proyecto, el diputado peronista Enrique Cresto, fundamentó que “tiene por objeto mitigar el gravísimo impacto social y económico que genera en nuestra provincia la reciente Resolución Nº 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación a través de la cual se dispuso la eliminación del régimen de compensaciones económicas que abonaba a las empresas de transporte de pasajeros por los boletos gratuitos otorgados por leyes especiales a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos”.

El legislador entrerriano precisó que “la medida deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, que establecían mecanismos de compensación parcial del Estado para cubrir los boletos gratuitos que las compañías debían garantizar por ley. El régimen alcanzaba a los servicios de transporte l de larga distancia e incluía los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantada o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”.

Cresto advirtió que “si bien la citada resolución nacional mantiene la obligatoriedad de la gratuidad para los usuarios, traslada el 100% del costo operativo de manera directa a las empresas prestatarias del servicio, sin previsión de reintegro alguno”. Así, consideró que “esta decisión coloca al sistema de transporte público de media y larga distancia de nuestra provincia en una crisis terminal y genera una alarmante desprotección sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

El diputado cuestionó que “la imposición de una carga pública a las empresas privadas restringirá el beneficio, y aumentará los costos del transporte al ciudadano, ya que resulta de imposible cumplimiento el hecho de que las empresas puedan hacer frente a ese gasto en un medio tan castigado por el aumento de combustible, repuestos, mano de obra y la suba constante de los boletos”. (APFDigital)

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