Para Di Palma, las "pérdidas no técnicas" de electricidad reflejan un problema de ingresos y no de conducta
El debate en torno al impacto del esquema de actualización de las tarifas de servicios públicos sumó un nuevo capítulo tras la publicación de un análisis crítico elaborado por Alejandro Di Palma, miembro del Instituto de Estudios del Sudoeste (IESO).
El informe examina las conclusiones de un estudio conjunto de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Chile, el cual aborda las denominadas "pérdidas no técnicas" —el hurto y fraude de electricidad— en la región.
El documento de los organismos internacionales señala que América Latina y el Caribe pierde anualmente el 17% de su generación de energía, lo que representa un costo de 16.600 millones de dólares. Asimismo, establece que la red domiciliaria registra un promedio del 8% de pérdidas no técnicas, atribuyendo este fenómeno al "componente de gestión y conducta humana" e identificando a las zonas de menores recursos como las de mayor incidencia en el hurto de electricidad.
Desde el IESO cuestionaron el encuadre del estudio por centrarse exclusivamente en la perspectiva de las empresas distribuidoras y en soluciones tecnológicas —tales como la telemedición y el blindaje físico del tendido—, omitiendo el contexto socioeconómico local. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) citados en el análisis, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la tarifa de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 344%, duplicando la inflación acumulada del 171% y superando el incremento del 229% de los salarios registrados.
El análisis de Di Palma vincula directamente este desfase con el incremento de las conexiones informales y contrapone estos indicadores con los discursos oficiales pronunciados en el Latam Economic Forum, donde el Poder Ejecutivo afirmó haber rescatado de la pobreza a entre 12 y 14 millones de personas basándose en variables de consumo de servicios. Al respecto, el miembro del IESO concluyó:
"Mientras la tarifa siga corriendo al doble del IPC y por encima de los salarios, ningún algoritmo resolverá lo que es, en el fondo, un problema de ingresos disfrazado de problema de conducta."
Finalmente, la postura del IESO sostiene que las medidas de fiscalización avanzada y regularización propuestas por el sector empresarial actúan sobre el síntoma y no sobre la causa estructural, definiendo al fraude eléctrico no como una pauta cultural, sino como una consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo frente a los nuevos cuadros tarifarios. (APFDigital)