El Gobierno analiza enviar una oferta a las universidades para cerrar el conflicto por el financiamiento
Mientras la Corte Suprema analiza la demanda presentada por el debate entorno a la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno acelera las negociaciones con los rectores en busca de una salida que permita desactivar el conflicto judicial.
En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, la gestión oficialista deberá desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades. El conflicto entre casas de estudio y la gestión libertaria se mantiene desde octubre de 2025, cuando el Ejecutivo ignoró la ratificación del proyecto de ley y comenzó su estrategia judicial para impedir su aplicación.
El Gobierno busca cerrar el capítulo del conflicto universitario
En medio del tira y afloje, cabe la posibilidad de que esta misma semana se reúnan representantes del Gobierno con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque el encuentro todavía no tiene fecha definida.
Las negociaciones abarcan distintos frentes vinculados al financiamiento universitario, desde la recomposición salarial de los docentes y las becas estudiantiles hasta la transferencia de fondos pendientes para hospitales universitarios y otras partidas presupuestarias.
La definición de los próximos pasos está atada a la estrategia jurídica que diseña la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, organismo que tiene a cargo la defensa del Estado en la causa.
La propuesta oficial para frenar la demanda
Anteriormente, el Ejecutivo analizó ofrecerle a los rectores transferir los fondos contemplados en el proyecto de financiamiento universitario que envió al Congreso en febrero. La iniciativa impulsada por el oficialismo buscaba modificar la legislación vigente para reducir el impacto fiscal de la medida, ya que contemplaba únicamente la recuperación salarial de los docentes correspondiente a 2025 y dejaba afuera la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024.
A cambio, el Gobierno pretende que las universidades retiren la medida cautelar presentada contra la administración nacional, expediente que actualmente aguarda una resolución de la Corte Suprema. La demanda reclama el cumplimiento de los aumentos salariales y de becas previstos por la Ley de Financiamiento Universitario en función de la evolución del IPC.
La preocupación oficial radica en el costo potencial de un fallo desfavorable. En caso de que la Corte se pronuncie en contra del Estado, el Gobierno debería transferir alrededor de $2,5 billones al sistema universitario.
Por ese motivo, la Procuración del Tesoro trabaja en los aspectos legales de un eventual acuerdo que garantice la suspensión de las acciones judiciales por parte de los rectores si se concreta una transferencia de fondos.
Desde el CIN remarcaron que continúan a la espera de una oferta concreta por parte del Gobierno.
Continúan las medidas de fuerza
Mientras se desarrollan las negociaciones, los gremios universitarios mantienen las protestas para visibilizar sus reclamos.
La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con una actividad central frente al Palacio de Tribunales. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) llevó adelante un paro total de actividades durante 24 horas el viernes.
Los sindicatos ya anticiparon que podrían impulsar nuevas medidas al comienzo del segundo cuatrimestre, en función del resultado de las negociaciones salariales y de la evolución de la situación presupuestaria de las universidades nacionales, publicó Ámbito. (APFDigital)