Los argentinos detenidos en Libia denuncian una grave situación humanitaria
El portal Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) informó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en el este de Libia durante una misión humanitaria con destino a Gaza, lograron comunicarse por primera vez con sus familiares este jueves tras 11 días de incomunicación. Los integrantes de la delegación internacional relataron que están en huelga de hambre, y algunos de ellos en huelga seca, como protesta ante la privación de su libertad.
Graves condiciones
Los activistas mendocinos, ambos directores de investigación de NODAL e integrantes del convoy en calidad de personal médico, le expresaron a sus familiares que tanto ellos como sus compañeros continúan aislados e incomunicados, pese a los problemas de salud que padecen varios de los detenidos por la huelga de hambre que comenzaron hace cuatro días.
Según lo relatado por los detenidos y difundido por NODAL, las autoridades no habrían autorizado el ingreso de equipos médicos independientes ni de organizaciones humanitarias internacionales. Para el portal, el contacto de los activistas con sus familiares fue posible gracias a la presión generada por la huelga de hambre, y no como resultado de mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario.
La madre de Paula, Nora Otín, replicó en diálogo con Página/12 la información compartida por su hija y confirmó que se encuentra en un penal clandestino en Bengasi, destinado a civiles. “Estaba muy angustiada, preguntándome qué pasó, si sabíamos algo, si sabíamos dónde estaban, están totalmente incomunicados”, afirmó Otín.
“Dice que los primeros días fueron muy duros, estuvieron en un calabozo en forma individual, sin luz, solo con un retrete de esos pozos que te ponen para ir al baño. Cuando fue a la cancillería italiana, los cambiaron a las celdas, que también dice que son terribles, están todos picados por mosquitos, las cucarachas les caminan por todos lados. Me dijo: ‘físicamente no nos han hecho nada, pero en la parte psicológica estamos destruidos’” narró Otín.
Por su parte, la directora de Nodal, Emilia Trabucco, destacó ante Página/12 que los activistas no tienen abogados y que el proceso judicial está siendo usado como un método de tortura psicológica. “Es muy oscuro el procedimiento: no se lo informan a ellos, los interrogan durante horas y no hay acceso legal porque no están dejando que lleguen equipos de abogados a Bengasi. Supuestamente comparecen ante un fiscal general, pero no les dice cuáles son los cargos que justificarían que los tengan detenidos de esa manera. Hoy iba a haber una audiencia, pero la volvieron a prorrogar. Es tortuoso porque les dicen permanentemente que los van a liberar y no lo hacen, sin explicarles absolutamente nada”.
La Cancillería argentina informó el viernes pasado que tomó conocimiento de la detención de los argentinos el 24 de mayo e inició gestiones para obtener más información sobre su situación. Sin embargo, precisó que no contaba con datos sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso.
Pedido al Estado argentino
Tanto Otín como Trabucco remarcaron la inacción del Gobierno argentino, y reclamaron una respuesta. En este sentido, la directora de NODAL expresó: “No sabemos cuáles están siendo las acciones de la Cancillería. Necesitamos respuestas porque están en riesgo la vida y la integridad de Paula y Lucas. Por el nivel de gravedad, el Estado argentino debería mostrarse tan preocupado como lo hizo en otros casos. No estamos pidiendo trato excepcional, sino que active los mecanismos que haya que activar”.
Por su parte, Otín le pidió al Gobierno dejar de lado las diferencias ideológicas con los activistas e intensificar sus esfuerzos. “En este momento no interesa lo que piense cada uno, es importante traerlos. Son argentinos que están en un país lejano, donde peligran sus vidas. Es necesario que la Cancillería accione y que los traiga pronto”, expresó.
La caravana, integrada por más de 200 activistas de distintas nacionalidades, salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, llevando alimentos, insumos médicos y materiales de reconstrucción hacia Gaza. La misión humanitaria alertó el domingo pasado sobre la pérdida de contacto con diez de sus integrantes, entre ellos los dos argentinos, junto a otras ocho personas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.
Los activistas detenidos se habían adelantado al resto del convoy para negociar el paso en un puesto de control militar en Sirte, ciudad ubicada en la línea divisoria entre el este y el oeste libio.
Las fuerzas de seguridad del este de Libia, dependientes de las Fuerzas Armadas Árabes Libias del mariscal Jalifa Haftar, los retuvieron por ingresar a la zona de seguridad 5+5, un área en disputa establecida en el acuerdo de cese al fuego de octubre de 2020, “sin completar los procedimientos legales”, según declararon las autoridades locales.
Sin embargo, la directora de Nodal destacó que las autoridades de los territorios por los que pasó el convoy habían sido previamente informadas sobre el recorrido de la misión humanitaria. “No pasaron a la fuerza y es mentira que estuvieran indocumentados. Iban en una misión civil, y están en una condición de detención que viola todos los derechos humanos y el derecho internacional. La solidaridad con el pueblo palestino no puede ser sinónimo de delito en el mundo, ni sinónimo de terrorismo, de amenaza”, concluyó Trabucco, publicó Página 12. (APFDigital)