El fiscal Pollicita le dio 72 horas a dos plataformas digitales para que informen sobre las operaciones de Manuel Adorni
Ninguno de todos los informes sobre operaciones en criptomonedas de Manuel Adorni que recibió hasta ahora la fiscalía de Gerardo Pollicita refleja una inversión de 200.000 dólares ni intereses ganados por 300.000. Esos son los montos que él mismo mencionó cuando anunció la presentación de su declaración jurada con la que, se supone, justificaría el salto en su nivel de vida en los últimos dos años. Por ahora los reportes reflejan montos pequeños –según precisó Irina Hauser en Página/12 por allegados a la causa—que no se corresponderían con la afirmación del exjefe de Gabinete. Eso explica el último pedido de información que hizo el fiscal a Binance y Lemon: quiere precisiones sobre quién hizo transferencias en activos digitales y cuáles son los montos exactos. En el mismo oficio afirma que hay “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” que, todo indica, derivarán en un requerimiento de justificación de sus bienes.
Pollicita les dio 72 horas a Binance y a Lemon, dos plataformas de servicios financieros para quienes operan con cripto—para que le den precisiones sobre ciertos movimientos ligados a billeteras de Adorni. Hasta ahora la fiscalía recibió datos generales que no se corresponderían ni con lo que exvocero dijo públicamente ni con las rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
A Bianance, según el documento al que accedió este diario, le pidió todos los ingresos registrados en una cuenta asignada al exjefe de Gabinete desde el 23 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. A Lemon le solicitó una ampliación del informe ya entregado donde detalle respecto del período comprendido entre enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022: el historial de todos los movimientos registrados en la cuenta del exfuncionario en moneda nacional, extranjera y criptoactivos (créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones y direcciones de origen y destino entre los datos más relevantes); vinculación con cuentas bancarias, billeteras, tarjetas, plataformas y otros medios de fondeo y/o retiro; saldos y tenencias; interacciones intra plataforma y movimientos en fondos en blockchain.
Adorni no había incluido ninguna operación ni ahorros en criptomonedas en sus declaraciones juradas como funcionario. Recién cuando presentó el mes pasado –después de idas y vueltas—la de 2025 incluyó rectificaciones de sus presentaciones anteriores donde incluía “modas digitales, virtuales o cripto activos” que figuran como ingresados al patrimonio en 2021 y 2023, con montos en pesos que según los especialistas no se correspondían con los señalados en dólares. Más allá de esto, en la última presentación, consignaba que había vendido los activos por cerca de 400 millones de pesos (388.961 dólares). En una entrevista con el periodista José del Río en LN+ donde anunció su esperada declaración jurada dijo que tenía ahorros en negro por medio millón de dólares: alegó que había invertido 200.000 dólares y que el resto los ganó con intereses. Habló de una fecha, que situó en 2014, donde era invertir en Bitcoin era de alto riesgo y luego se conocieron, además, intervenciones suyas en charlas y entrevistas, donde en 2021 decía que no tenía conocimiento del tema. Como sea, fue llamativo que se confesara evasor de esa manera.
Los 500.000 dólares son claves porque representan buena parte de los gastos que tendría que justificar. Todos sus desembolsos y las cifras por las que se endeudó durante sus dos años y medio en la función pública, de todos modos, fueron exorbitantes. Como es conocido hizo numerosos pagos en efectivo: los 245.000 dólares de las refacciones para la casa de Indio Cuá, el viaje a Aruba por 9000 dólares, sus otros viajes de lujo (Llao Llao, all inclusive en Gualeguaychú, el vuelo privado a Punta del Este, entre otros), las sábanas y sommiers por 8 millones de pesos, el monitor gamer y los proyectores, solo para refrescar algunos. En estos últimos casos quedó a la vista otro mecanismo al que recurrió: usar tarjetas de crédito prestadas y devolver el dinero en cash, una forma de evitar dejar rastro de ciertas erogaciones. Pero, además, el tipo de operaciones inmobiliarias que hizo, con curiosas prestamistas, tanto con la casa del country como con el departamento de Caballito, son dudosas.
“Inconsistencias”
Ante múltiples versiones que, tras la renuncia de Adorni, sugerían que se podría ir del país a Uruguay o incluso a España, su abogado Matías Ledesma presentó un escrito en el que decía que su defendido “se encuentra actualmente en el país, sin intenciones de salir del mismo en el futuro cercano” y que en caso de que “fuera a egresar del territorio nacional” le informaría a las autoridades judiciales con antelación. Hubo pedidos, como los de la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, para que el juez Ariel Lijo lo detenga o ponga medidas restrictivas. Lo que se decidió fue exigirle que informe si pretende salir del país.
Según explicó el Pollicita en su escrito, esa decisión no tiene relación con el contenido de los mensajes hallados en el celular del contratista Matías Tabar, donde –previo a su declaración—le ofrecía todo el “soporte” que necesitara y parecía querer condicionar su testimonial. El fiscal evaluó que más allá de los llamados u ofrecimientos en “los propios dichos vertidos por el testigo no se advierte que haya existido una modificación de elementos de prueba o que el investigado haya influido en la declaración del testigo, quien, además, no refirió haberse sentido hostigado o amenazado a raíz de los mensajes intercambiados”. A eso sumó que Adorni tiene domicilio, donde vive con al familia, y bienes en el país.
Lo que, en cambio, tuvo en cuenta el fiscal son “las inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial de Manuel Adorni de acuerdo con lo que surge del resultado de las diversas medidas de prueba dispuestas”, lo que lo ubica ante la posibilidad de una intimación, o sea, un requerimiento de justificación patrimonial, “en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal”. “Considero pertinente que el investigado informe al Sr. Juez cualquier salida del país, a los efectos de que en tal oportunidad se evalúe la pertinencia y razonabilidad de su presentación”, sostuvo.
Nueva denuncia
La diputada Pagano presentó una nueva denuncia contra Adorni y los funcionarios que correspondan al señalar que seguiría utilizando custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales para desplazarse. En teoría se debe a supuestas amenazas que habría recibido pero que, dice la denuncia, no fueron radicas formalmente ni judicializadas. “La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, señala la presentación. “La custodia oficial y los vehículos del Estado no constituyen una prerrogativa personal ni vitalicia, sino un recurso público afectado al ejercicio de la función. Extinguida la función, desaparece la causa que justifica la erogación estatal. Su continuidad a favor de quien ya no es funcionario importa destinar efectivos policiales — cuyos haberes se solventan con fondos públicos— y bienes del Estado —vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos— a una finalidad ajena a aquella para la que fueron previstos, en beneficio de un particular”, reclamó Pagano. Los delitos que señala son peculado, malversación y abuso de autoridad, en los que el exjefe de gabinete, a su entender, podría ser partícipe. (APFDigital)