El denunciante en la causa ATER celebró en X que el 3 de agosto se realizará el juicio

El ex legislador, ex ministro de Economía y ex polifuncionario, Marcelo Casaretto, posteó en su red social X que el lunes 3 de agosto comenzará a sustanciarse el juicio oral y público contra los presuntos responsables de defraudar al erario público en la denominada Causa ATER. El presunto fraude alcanzaría la suma de 46.000.000 de pesos, a valores históricos.

El ex funcionario, que actualmente expuso su deseo de competir como pre candidato a gobernador de la provincia, celebró que tras 12 años se realizará el debate oral y público al que asistirá como testigo del juicio que lo tiene como denunciante.

La causa se sustanció en el Legajo Nº 55.960 “Martínez, María Estrella–Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/ Defraudación a la administración pública (denuncia de Marcelo Pablo Casaretto)”; Legajo Nº 56.289 caratulado “Martínez de Yankelevich, María Estrella-Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/Defraudación a la administración pública (denuncias de María Emma Bargagna–Jorge Daniel Monge–Marcelo Pablo Casaretto)”; y Legajo Nº 56.594, caratulada “Martínez de Yankelevich, María Estrella– Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/Defraudación a la administración pública”.

En su posteo, Casaretto expresó “la justicia es lenta, pero llega”, en relación al dilatado proceso que se viene sustanciando desde 2104, cuando fue titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y en esa condición presentó la denuncia en sede fiscal.  No obstante el largo proceso, el denunciante opinó: “Desde mi perspectiva se fortalece la esperanza de que, aunque los procesos judiciales sean lentos, al final la verdad y la ley prevalecen”.

En el posteo, tras mencionar los deberes que le comprenden como testigo y los del Ministerio Público Fiscal (MPF), Casaretto, precisó que “como denunciante fui convocado a declarar obligatoriamente como TESTIGO en el debate oral y en ese carácter responderé a las preguntas de los fiscales, los abogados defensores y los jueces o miembros del Tribunal”.

Demoras

Casretto contextualizó las dilaciones en la causa al sostener que “el trámite del proceso de 12 años y sus demoras tienen que ver con el respeto de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa de los imputados, la sobrecarga del poder judicial por el gran volumen de casos y la disponibilidad de recursos limitados”.

Añadió que “se han respetado todas las vías recursivas que permitieron la revisión de cada decisión. Avanzar en el juicio oral demuestra que las instituciones funcionan y que los delitos no quedan impunes, sin importar el tiempo transcurrido. En este caso, en estos años, se produjo el cambio del Código Procesal Penal de Entre Ríos”.

Cronología

Casaretto recordó que “en 2014 denuncié a empresarios, profesionales, empleados y funcionarios que realizaban compensaciones truchas para borrar impuestos de contribuyentes, simulando que eran proveedores del Estado con acreencias que compensaban con los impuestos que adeudaban al Estado”.

Agregó que “algunos empleados que por sus tareas tenían las claves del sistema informático, cargaban resoluciones del Ministerio de Economía inexistentes, en definitiva, borraban las deudas tributarias de algunos contribuyentes. Esa situación fue detectada inicialmente en un caso de un contribuyente de la ciudad de Victoria y reportada a la Dirección de Interior y a mí, en mi carácter de Director Ejecutivo”.

También recordó que “luego de la investigación interna correspondiente, se detectó que en ese caso y en otros similares, se estaba cometiendo un fraude en contra del Estado, que se constató en los 10 años anteriores, desde 2004 a 2014, a lo largo de varias administraciones. En los días siguientes se realizaron denuncias penales por los distintos períodos de gobierno, y los sumarios administrativos a los empleados, además de cobrar la deuda, los intereses y las multas, a quienes debían los impuestos”.

El ex funcionario recordó que “de los 180 imputados, 128 fueron procesados y los restantes han sido sobreseídos por los bajos montos de las compensaciones, o porque se encontraban cumpliendo la suspensión del juicio a prueba”. Añadió que “los procesamientos fueron apelados” y confirmados en 2019contra 61 acusados. (APFDigital)