El Gobierno Nacional extendió la emergencia energética hasta fin de años con un DNU
El Gobierno nacional dispuso una extensión de la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027, mediante el decreto de necesidad y urgencia 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
En el DNU, firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete, se dispone la prórroga de "la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por los Decretos Nros. 1023 del 19 de noviembre de 2024 y 370 del 30 de mayo de 2025, en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y las acciones que de ella deriven".
En los extensos considerandos de la norma, el Ejecutivo recordó que tal decisión se tomó originalmente "en atención a la grave situación en que esta gestión de gobierno recibió al sistema energético y las condiciones proyectadas a futuro".
En tanto, "mediante el artículo 3° del Decreto N° 450/25 se fijó un período de transición de 24 meses, el que vencerá el 7 de julio de 2027, para la adecuación de las reglamentaciones y la normativa complementaria que resulte necesaria, conforme las modificaciones que se introdujeron por dicho decreto al Marco Regulatorio Eléctrico; ello sobre todo con relación al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con particular incidencia en el sector de generación de energía eléctrica", según precisó el portal parlamentario.com.
Sobre la gestión realizada en este área, el PEN destacó que "durante los años 2024 y 2026 se adoptaron medidas relevantes orientadas a recomponer la sostenibilidad del MEM, mejorar la cadena de pagos, adecuar los precios estacionales, reducir subsidios generalizados, fortalecer la seguridad de abastecimiento, incorporar herramientas de confiabilidad, impulsar mecanismos de gestión de demanda y avanzar en la normalización progresiva del mercado. Sin embargo, tales avances se encuentran en etapa de implementación y requieren la continuidad de las políticas que se vienen instrumentando para evitar disrupciones regulatorias, operativas o financieras que puedan comprometer la prestación regular, segura y eficiente del servicio eléctrico".
Además, subrayó que "se debe tener presente la incidencia directa que presenta la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural sobre el funcionamiento del MEM".
Tras mencionarse la rescisión del Contrato de Transporte Firme sobre el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, el Gobierno explicó que "la coordinación entre las medidas adoptadas en materia de transporte y distribución de gas natural y aquellas necesarias para la normalización del MEM hace imperativo equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia, en virtud de la interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural, a fin de preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional".
Al defender lo realizado en la materia, el PEN señaló: "Teniendo en cuenta que el Sector Energético ha atravesado a lo largo de su historia crisis económicas, financieras y sociales profundas, donde se fijaron tarifas que no reflejaron los costos reales de distribución y transporte, lo que derivó en un profundo deterioro del sistema eléctrico federal, resulta imperioso continuar con el camino de regularización, proponiendo medidas de carácter excepcional y extraordinarias".
"Las reformas estructurales que exigen la continuidad de la emergencia energética y una implementación gradual de dichas reformas conllevan la necesidad de que la Secretaría de Energía continúe dictando medidas para la implementación del proceso de normalización del MEM", agregó.
Y manifestó que "de no disponerse la prórroga en forma oportuna, podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad". (APFDigital)