Diputados volverá a tratar la modificación del nuevo Régimen General de Concesiones sancionado en abril
El miércoles 12 desde las 13, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados volverá a abordar el tratamiento del proyecto de ley que busca precisar “el alcance de las actividades y funciones esenciales del Estado Provincial, estableciendo expresamente que, aun cuando su prestación pudiera ser objeto de concesión o gestión delegada, la titularidad, las potestades regulatorias y las facultades de fiscalización permanecerán siempre “en cabeza del Estado”.
En los fundamentos del proyecto, se señaló que “la modificación propuesta reafirma expresamente que toda modalidad de concesión o delegación deberá desarrollarse bajo la dirección, regulación y fiscalización permanente del Estado Provincial, preservando en todo momento el interés público, la continuidad del servicio y el resguardo de los derechos de los ciudadanos”.
Garantía institucional
El proyecto incorpora una “garantía institucional” que Taborda entendió “de especial relevancia” porque establece que “cualquier transferencia de titularidad sobre estas actividades y funciones esenciales solo podrá realizarse mediante autorización expresa de la Honorable Legislatura Provincial a través de una ley especial”. Así, entendió “toda decisión de semejante trascendencia institucional quedará sometida al debate parlamentario, a la publicidad de los actos de gobierno y a los consensos democráticos que exige nuestro sistema republicano”.
Antecedente relevante
También se destacó que “la experiencia administrativa contemporánea demuestra que existen diversos modelos de articulación entre el sector público y otros actores que permiten fortalecer la prestación de servicios esenciales sin afectar el control estatal”, y se puso como referencia que Entre Ríos cuenta con “antecedentes relevantes” como “el caso del Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto, organizado bajo la figura de Sociedad Anónima Unipersonal, así como distintas instituciones educativas públicas de gestión privada que integran el sistema educativo provincial”.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 1º de junio y ya fue abordado en las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento y de Legislación General. La Ley Nº 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la provincia fue sancionada el 21 de abril de 2026 y publicada en el Boletín Oficial (BO) en mayo, crea un marco jurídico unificado para regular, adjudicar, ejecutar y controlar las obras y los servicios públicos otorgados a terceros.
Actividades y funciones esenciales
El proyecto de la diputada de Juntos por Entre Ríos (JxER), Noelia Taborda, propuso que la nueva redacción del artículo quede de la siguiente manera: “Artículo 5°.- Titularidad de actividades y servicios esenciales. En toda modalidad de concesión de las actividades y funciones esenciales, propias o inherentes del Estado a favor de terceros —sean éstos personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras— la titularidad, potestad de regulatoria y de fiscalización de los mismos, permanecerá en cabeza del Estado”.
Añadió que “a los efectos del presente, se consideran comprendidas dentro de estas actividades y funciones esenciales, sin perjuicio de otras que pudieran ser definidas por la normativa vigente, las vinculadas a: a) Educación pública en todos sus niveles; b) Salud pública y servicios sanitarios esenciales; c) Seguridad pública y protección civil; d) Servicios vinculados a la administración de justicia; e) Sistema penitenciario. La transferencia de la titularidad sólo podrá realizarse con autorización expresa de la Honorable Legislatura Provincial mediante ley especial.”
Taborda sostuvo que “la iniciativa procura, en definitiva, brindar mayor precisión normativa respecto del alcance de las potestades estatales sobre servicios y funciones esenciales, garantizando simultáneamente la preservación del rol rector del Estado y la posibilidad de instrumentar herramientas modernas de gestión que permitan responder de manera eficaz a las demandas y desafíos actuales”.
Compatibilizar para preservar
También resaltó que “la redacción propuesta procura compatibilizar la necesidad de preservar el carácter esencial e indelegable de determinadas funciones estatales con la posibilidad de implementar, bajo estrictas condiciones institucionales y de control público, mecanismos de gestión que permitan mejorar la eficiencia, la capacidad operativa, la infraestructura y la calidad en la prestación de determinados servicios”.
Así, mencionó que “el proyecto reconoce expresamente como actividades y funciones esenciales, entre otras, las vinculadas a la educación pública en todos sus niveles, la salud pública y los servicios sanitarios esenciales, la seguridad pública y protección civil, los servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario. Se trata de materias particularmente sensibles, íntimamente relacionadas con derechos fundamentales y con el ejercicio de competencias propias del Estado Provincial”.
Reconocer no implica desconocer
No obstante sostuvo que “el reconocimiento de dichas actividades como esenciales no implica desconocer que determinados aspectos instrumentales, complementarios o de gestión puedan desarrollarse mediante modalidades de concesión, participación privada o gestión indirecta, siempre que ello no suponga una renuncia a las responsabilidades indelegables del Estado ni una transferencia de su autoridad institucional”. (APFDigital)