Impulsan un nuevo marco legal para transformar la educación vial en una política de Estado
Este martes se presentó en la Legislatura una iniciativa que tiene como objeto principal complementar el régimen jurídico actual mediante la creación del "Programa Provincial Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial".
El proyecto fue impulsado por el diputado Lenico Aranda, con el acompañamiento de sus pares del bloque Juntos por Entre Ríos: Silvio Martín Gallay, Gabriela Lena, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi y Noelia Taborda.
Según el texto de la norma, este programa está "destinado a consolidar una política pública permanente de formación ciudadana orientada a la protección de la vida, la movilidad segura, la convivencia responsable y la prevención de los siniestros viales". De este modo, la educación vial deja de ser un contenido aislado para constituirse como una "política pública permanente y transversal, integrada al Sistema Educativo Provincial".
Uno de los puntos más destacados es la obligatoriedad de su aplicación en todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, dependientes del Consejo General de Educación. En este sentido, los autores proponen un cambio de paradigma en la forma de entender los incidentes en la vía pública.
El proyecto define al "Siniestro Vial" como un "hecho dañoso producido con motivo o en ocasión del tránsito, evitando expresiones que atribuyan automáticamente su ocurrencia al azar". Esta visión se refuerza en los fundamentos del proyecto, donde se aclara que la seguridad vial moderna entiende que estos hechos "son eventos prevenibles mediante políticas públicas basadas en educación, infraestructura segura, control, información y responsabilidad compartida".
Para garantizar que la ley se traduzca en acciones concretas y medibles, se propone la creación del "Observatorio Provincial de Educación y Cultura Vial", definido como un "organismo técnico permanente destinado a producir información, evaluar políticas públicas y formular recomendaciones". Este ente tendrá la tarea de elaborar indicadores de cumplimiento y emitir un informe anual que será remitido tanto al Poder Ejecutivo como a la Legislatura.
Los fundamentos esgrimidos por el bloque Juntos por Entre Ríos subrayan que, tras veinte años de vigencia de normativas anteriores, la evolución de la movilidad —con la irrupción de bicicletas y monopatines eléctricos— exige una actualización urgente. El fin último, según reza el cierre del proyecto, es promover una provincia donde la movilidad sea "más segura, solidaria y responsable, colocando como valor central la protección de la vida humana". De ser aprobada, la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. (APFDigital)