Ediles de Paraná cuestionaron al Defensor del Pueblo por apartarse del principio de neutralidad en el caso de la compra de alimentos para comedores escolares

Desde el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos de Paraná expresaron en un comunicado su “preocupación ante la reciente actuación del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, la cual se aparta del principio de neutralidad inherente a su investidura”.

En el comunicado se sostuvo que “en los últimos días, el titular del organismo no solo decidió presentarse como Amicus Curiae (N de la R: la expresión refiere a Amigos del Tribunal) en la causa judicial colectiva caratulada ‘Varios padres en representación de sus hijos, Asociación Gremial Agmer y Fundación Cauce C/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo’ (Legajo de OGA Nº 36.759) referida a la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas en comedores escolares, tramitada en la órbita provincial…”.

Marcado posicionamiento

También le achacan que “impulsó una difusión mediática mediante un comunicado de prensa y una nota de opinión personal. Este accionar evidencia un marcado posicionamiento político partidario en la discusión pública, alejándose de la imparcialidad que exige el ejercicio de su función”.

Lo concejales opositores entendieron que “es inadmisible que se utilice la estructura y la representación de la Defensoría del Pueblo como una plataforma de contienda política o para la promoción de posturas personales” y agregaron que “la ciudadanía requiere un órgano unipersonal independiente, cuya premisa central sea la ecuanimidad y la defensa objetiva de los derechos de la comunidad, libre de sesgos y especulaciones partidarias.

Resulta prioritario que el Defensor del Pueblo concentre sus esfuerzos y recursos exclusivamente en la agenda de necesidades y reclamos que afectan el día a día de las y los vecinos de Paraná”.

Agenda local

El bloque de concejales puso prioridades en la agenda municipal y le recordó al Defensro que “la agenda local exige la intervención urgente de la Defensoría en problemáticas centrales para la ciudad, tales como: - Suministro de agua potable: los continuos cortes de servicio y bajas de presión por fallas en las plantas potabilizadoras que vulneran el acceso a este elemento básico.

- Transporte público de pasajeros: las deficiencias estructurales en el servicio de colectivos urbanos, el incumplimiento de frecuencias y el mal estado de las unidades.

- Infraestructura y mantenimiento urbano: las fallas en la red de alumbrado público, el deterioro de la trama vial y el bacheo en los barrios, el drenaje pluvial ante lluvias e inundaciones, y la contaminación o falta de saneamiento en arroyos y cuencas urbanas.

- Transparencia e información pública: acompañar los pedidos de información sobre la gestión de servicios concedidos y el uso de fondos públicos municipales, como el sistema de estacionamiento medido o la organización de eventos masivos de la ciudad”.

Finalmente expresaron que “canalizar estos problemas concretos, escuchar los reclamos cotidianos y aportar a la resolución de las demandas locales es la tarea a la que debe abocarse la institución” e instaron “al titular de la Defensoría del Pueblo que cese el uso del cargo con fines de actuación política, recupere la neutralidad institucional que la investidura requiere y dé estricto cumplimiento al marco normativo vigente que regula el ejercicio de sus funciones. (APFDigital)