Presentan en el Congreso un proyecto para penalizar la explotación crediticia en barrios vulnerables
El diputado nacional Juan Carlos Molina, acompañado por legisladores de Unión por la Patria y otros bloques, presentó un proyecto de ley que propone incorporar al Código Penal el delito de “explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial”, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes otorguen préstamos informales abusivos aprovechándose de la exclusión financiera y las necesidades económicas de vecinos de sectores populares.
La iniciativa incorpora el artículo 175 ter al Código Penal y apunta a una modalidad que, según sus autores, va más allá de la usura tradicional: prestamistas que operan fuera del sistema financiero regulado, dentro de comunidades específicas, y que utilizan su influencia territorial para imponer condiciones desproporcionadas y asegurar el cobro de las deudas.
El proyecto establece penas de dos a seis años de prisión para quienes, de manera habitual y con fines de lucro, otorguen préstamos informales aprovechándose de la vulnerabilidad socioeconómica de los deudores e imponiendo exigencias económicas excesivas. La condena podría elevarse a tres a ocho años cuando exista presión comunitaria sobre el deudor, amenazas o intimidaciones, apropiación de bienes en condiciones abusivas, o cuando la actividad sea desarrollada por organizaciones o con múltiples víctimas, precisó el portal de noticias legislativas Parlamentario.
La propuesta define como situación de vulnerabilidad socioeconómica a aquella derivada de la exclusión del sistema financiero formal, la informalidad laboral o la falta de acceso regular al crédito institucional. También considera agravante la existencia de una posición de “ascendencia o condicionamiento comunitario”, entendida como la capacidad del prestamista de influir sobre la libertad de decisión del deudor dentro de un territorio determinado.
Además, fija una pauta objetiva para determinar cuándo existe una “desproporción manifiesta” en las condiciones del préstamo: cuando el monto total exigido supere en más de tres veces la tasa activa promedio publicada por el Banco Central para créditos personales no bancarios, sin perjuicio de que los jueces evalúen otros costos y cargos aplicados al deudor.
Otro aspecto central del proyecto es la protección de las víctimas. El texto prevé que los intereses, recargos o penalidades abusivas no produzcan efectos jurídicos, mantiene la obligación de devolver el capital efectivamente recibido y habilita el inicio de actuaciones penales de oficio. También ordena adoptar medidas para preservar la identidad y seguridad de víctimas, denunciantes y sus familias frente a posibles represalias.
En los fundamentos, Molina sostiene que en numerosos barrios populares existen personas que, por no tener ingresos formales, garantías o historial crediticio, quedan excluidas de los mecanismos tradicionales de financiamiento y terminan recurriendo a circuitos informales. Según el legislador, estos prestamistas suelen ocupar posiciones de reconocimiento y poder dentro de la comunidad, lo que genera relaciones que combinan dependencia económica, temor y condicionamiento social.
La iniciativa también contempla medidas de inclusión financiera. En ese sentido, faculta al Poder Ejecutivo a promover programas de microcrédito, financiamiento de pequeña escala y alfabetización financiera destinados especialmente a sectores excluidos del sistema formal, con el objetivo de reducir las condiciones que favorecen la expansión de estas prácticas.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. (APFDigital)