Reclamo salarial en salud se coló en un proyecto que impulsa la visibilización del suicidio y exige políticas públicas activas

La necesidad de una recomposición salarial que vienen reclamando los trabajadores del Estado se hizo explícita en un proyecto de declaración que ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados.

El objeto del proyecto es “poner en el centro de la agenda pública una problemática dolorosa, urgente y de profunda sensibilidad social que atraviesa a nuestra comunidad entrerriana: el alarmante incremento en las tasas de suicidio y la situación crítica del sistema de salud mental en la provincia”.

Para ello se instó el acompañamiento de la Cámara a “la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, instituido cada 10 de septiembre, reafirmando el compromiso de esta Cámara con la visibilización de la problemática y manifestando la urgencia de que el Poder Ejecutivo Provincial garantice la ejecución de políticas públicas activas, federales e integrales con financiamiento real y efectivo”.

Además del pedido de políticas públicas activas, la autora del proyecto, la diputada Silvia Moreno, del bloque peronista, pidió, en el artículo segundo, que la Cámara exprese “su beneplácito y respaldo a las legítimas demandas de recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo para el personal de la salud, instando a la revisión del impacto que la reciente reforma previsional proyecta sobre los regímenes especiales de los profesionales de la salud mental”.

Moreno recordó que aquella “fecha fue establecida oficialmente en el año 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración conjunta con la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y añadió que “el propósito fundamental de este día es visibilizar la problemática de manera responsable, erradicar los estigmas históricos asociados a la salud mental, promover la educación comunitaria y consolidar el mensaje unívoco de que el suicidio constituye un fenómeno evitable si se cuenta con políticas públicas integrales”.

Desplazamiento

Tras mencionar estadísticas nacionales sobre la problemática, el proyecto señaló “un cambio estructural alarmante en las franjas etarias: el suicidio desplazó por completo a los incidentes viales y se convirtió en la principal causa de muerte violenta en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años de edad. Nuestra provincia, lamentablemente, encabeza este doloroso mapa epidemiológico”.

En aquella línea aportó que “Entre Ríos registró durante el año pasado una de las tasas más elevadas del país, trepando a un dramático registro de 20,8 casos cada 100.000 habitantes. El dolor de las familias entrerrianas y las comunidades locales no puede ser reducido a un dato estadístico pasivo; exige una respuesta inmediata y multisectorial por parte del Estado”.

Moreno mencionó que “el Poder Ejecutivo Provincial oficializó recientemente, mediante el Decreto N° 2130/2026, la declaración de Urgencia Sanitaria en Salud Mental por el plazo de un año. Si bien dicha norma implica un reconocimiento administrativo explícito de la saturación extrema en hospitales y centros de atención primaria, desde nuestra perspectiva entendemos que la salud mental no puede ser sostenida meramente mediante titulares de prensa sin presupuesto genuino”.

Crisis estructural

Así, aportó que “tanto el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (Orsmer) como diversos colectivos de profesionales y gremios docentes han denunciado que las declaraciones de emergencia devienen abstractas si carecen de un correlato financiero real en las partidas presupuestarias”.

Además, el proyecto cuestionó que “la carencia de gabinetes psicopedagógicos permanentes en las escuelas de la provincia y las demoras burocráticas que postergan turnos de atención psiquiátrica y psicológica hasta por seis meses evidencian que el sistema público continúa desfinanciado en sus líneas de base territorial”.

Moreno consideró que “esta crisis estructural se da en un contexto nacional donde el Congreso de la Nación debate modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657” y sostuvo: “Advertimos con firmeza que el problema central no radica en el espíritu de la ley vigente, sino en el incumplimiento histórico de su presupuesto. Pretender flexibilizar criterios de internación o reinstaurar lógicas asilares y biologicistas sin garantizar primero el financiamiento real para dispositivos comunitarios de prevención y posvención del suicidio es un grave error”.

Bajos salarios generalizados

Moreno sostuvo que “hoy, la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, y que impacta de lleno en Entre Ríos, opera como un factor de riesgo permanente, actuando muchas veces como causa directa de los padecimientos subjetivos de la población”.

Así, entendió que “los bajos salarios generalizados, que ya ni siquiera garantizan cubrir la Canasta Básica Total, someten a las familias entrerrianas a un estado de angustia cotidiana. El fantasma de la desocupación, la pérdida de puestos de trabajo y la falta de oportunidades concretas para las juventudes configuran un escenario de desamparo y de pérdida de horizontes”.

En aquel contexto, consideró que “no se puede tener estabilidad emocional cuando no se sabe si se llegará a pagar el alquiler, si se podrá comprar los alimentos de la semana o si se mantendrá el empleo al mes siguiente”. Además añadió que “esta incertidumbre estructural y la pulverización del tejido social generan cuadros crónicos de ansiedad, depresión y desesperanza, que en los casos más graves y desatendidos por el Estado, derivan en desenlaces fatales. La violencia de un modelo socioeconómico que excluye y precariza la vida es el caldo de cultivo de la crisis sanitaria que hoy declaramos”.

La diputada expresó que “los trabajadores de la salud entrerrianos perciben salarios empobrecidos que los condenan al pluriempleo y al desgaste crónico, afectando directamente la calidad asistencial de la red sanitaria de atención en la que hospitales, centros de salud y equipos interdisciplinarios se encuentran sobrecargados”. (APFDigital)