Nuevo revés para el oficialismo en Diputados: la oposición forzó el tratamiento de Discapacidad y Endeudamiento

Por unanimidad, la oposición logró ponerle un plazo al debate de dos proyectos que incomodan al gobierno de Javier Milei: el endeudamiento familiar y la prórroga a la Emergencia en Discapacidad. Luego de intentar bajar la sesión hasta último momento, el bloque de La Libertad Avanza esperó a que la oposición reuniera 135 presentes para sentarse en sus bancas y acompañar las propuestas opositoras. La postura del bloque se contradice con el discurso del Presidente.

Pasadas las 12, el tablero marcó 135 presentes, seis por encima del quorum reglamentario. Así, la oposición logró sortear su primer obstáculo: habilitar la sesión que había sido convocada por distintos bloques, con el radical Pablo Juliano a la cabeza, para avanzar con dos temas sensibles para el Gobierno. Se sentaron en sus bancas Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el FIT y algunas fuerzas provinciales, como Argentina Federal.

En cambio, los diputados del oficialismo esperaron a que se ponga en marcha la sesión para sentarse en sus bancas. Buscaron transmitir un mensaje: no iban a obstaculizar la sesión pese a que, hasta el día previo, intentaron voltear el debate por diferentes vías. Minutos después, hicieron su aparición en el recinto sus principales aliados: el bloque de la UCR y del PRO.

Saldada la primera instancia (reunir el quorum), la oposición puso sobre la mesa el objetivo de la jornada: emplazar a las comisiones que deben tratar los cerca de 50 proyectos que buscan aliviar la situación de las cerca de 20 millones de personas endeudadas y las que deben abocarse al tratamiento de la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, que vence en diciembre.

"Resulta extraño", dijo el jefe de la bancada oficialista Javier Bornoroni tras escuchar el pedido de Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, quien propuso avanzar con el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. El cordobés remarcó que el oficialismo ya habilitó el tema en comisión, y hasta ofreció un cronograma de trabajo similar al que delineó Marino, con el día 23 de septiembre como fecha para dictaminar.

"La comisión de Discapacidad está trabajando y propuso un cronograma que es el mismo que propuso (Marino), y resulta extraño que se tenga que venir a una sesión para esto. Creemos que tenemos que dar el debate. Es importante. Vemos que algunos diputados y bloques no están a la altura de las circunstancias y lo utilizan de manera política”, dijo el Bornoroni. Minutos después, el tema se sometió a votación y reunió 249 votos.

Los propios libertarios acompañaron la movida -y hasta aplaudieron el resultado de la votación- pese a que hace un año, el propio Javier Milei vetó y hasta intentó vetar en el Presupuesto. Luego el Ejecutivo judicializó la ley.

Luego fue el turno de emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, para que traten la cincuentena de los proyectos de endeudamiento familiar. Se trata de diferentes iniciativas que intentan darle una respuesta a los endeudados y morosos, ante un Gobierno que considera que se trata de un "asunto entre privados".

Para esto, tomaron la palabra el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el radical Pablo Juliano. Este último puso como fecha límite para la firma de los dictámenes, el 29 de septiembre a las 14. Bornoroni volvió al expresar los mismos argumentos que con Discapacidad y volvieron a acompañar el cronograma opositor. Una vez más, la propuesta de la oposición reunió 249 votos positivos. Esta vez, hubo un voto en contra, el del santacruceño José Luis Garrido.

El triunfo que se anotó la oposición implica un nuevo desafío. Los diputados deberán ponerse de acuerdo sobre el endeudamiento familiar. La empresa no es nada sencilla porque, en total, hay unos 50 textos presentados.

Sería un fracaso si las diferentes bancadas no se ponen de acuerdo en torno a un único texto. El tema podría naufragar y, en clima electoral, salirle muy caro, sobre todo por tratarse de un tema tan sensible que tiene en vilo a millones de familias que aguardan, expectantes, un alivio.

Para evitar ese escenario, los bloques acordaron empujar en comisión aquellos proyectos que no implican ningún costo fiscal. De esta manera, acotan el abanico de proyectos entre los que deberán acercar posiciones. Pero, sobre todo, dejarán al presidente Javier Milei sin excusa para vetar la iniciativa bajo el argumento "no hay plata".

Endeudamiento familiar: qué dicen los proyectos

La bancada Unión por la Patria presentó varios proyectos. Por caso, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, un grupo de diputados impulsa un proyecto que apunta contra el sobreendeudamiento de quienes cobran ANSES por medio de billeteras digitales.

Para ello, se establece que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección. Asimismo, pone como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.

En tanto, obliga a que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible. Otro punto saliente es que el proyecto incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Se plantea que los fondos provenientes de estas prestaciones no puedan ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

Con Lucía Cámpora a la cabeza, otro sector de Unión por la Patria, presentó un proyecto que crea un régimen específico y unificado mediante una plataforma digital administrada por el Estado que centraliza y facilita acuerdos de reestructuración obligatorios y sustentables entre deudores particulares y acreedores financieros.

Por su parte, la Izquierda propone declarar la emergencia crediticia de las familias por dos años. Introduce un marco de refinanciación obligatoria para pasivos por consumos de primera necesidad (comida, salud, servicios) contraídos por personas físicas.

De esta manera, busca aliviar el sobreendeudamiento mediante auditorías integrales que eliminen intereses abusivos, consolidando las deudas de consumo en un único plan de pagos administrado por un fondo fiduciario. La iniciativa incluye ciertos requisitos para adherir.

El radical Pablo Juliano busca legislar sobre las prácticas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción de los consumidores que están en una situación crítica. Su iniciativa fija estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera “sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”.

Para eso, el radical propone regular los “patrones oscuros” y gamificación. Para eso, prohíbe interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito; incentivar endeudamiento acelerado; o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.

En tanto, el socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos. Entre ellos, uno que también pone la mira en las Fintech, para que sean reguladas y supervisadas por el Banco Central. El objetivo es que ese organismo garantice un piso mínimo concreto para que el otorgamiento de crédito sea responsable.

Se establecen límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer crédito o cobrar por débito automático, y prohibición de prácticas discriminatorias.

Emergencia en Discapacidad: qué implica la prórroga

En la sesión de este miércoles, el segundo tema a tratar es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado. Esa que Milei vetó y luego judicializó. La misma vence el 31 de diciembre pero la iniciativa impulsada por el peronista Juan Marino, y acompañada por los bloques de la oposición busca prorrogarla un año más, bajo el argumento que el Ejecutivo la incumplió.

Ahora bien, ¿qué pasa si la ley no se prorroga? El tema podría definirse en los tribunales.

La interpretación de Marino y de las organizaciones civiles de discapacidad que empujaron la ley es que lo que caería en diciembre de este año es la discrecionalidad y la flexibilidad que la normativa le otorga al Poder Ejecutivo para destinar recursos para financiar el sistema de discapacidad. Es decir, el capítulo I.

De acuerdo a esta lectura, el resto de los capítulos de la ley seguirían vigentes más allá del 31 de diciembre porque modifican leyes o se establecen medidas de carácter permanente. ¿Por qué es decisivo que estos capítulos sigan en pie? Porque, por caso, allí se establece la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones según la inflación.

Es decir, la interpretación que hacen los impulsores de la prórroga es que ocurriría lo mismo que con la Ley Bases de Milei, sancionada en 2024. En su artículo 1, se declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año, pero todas las demás reformas estructurales de la mega ley siguen vigentes, publicó Ámbito. (APFDigital)