2026-09-21

Advierten que no es necesario sancionar o modificar una ley y que un decreto alcanza para impulsar la digitalización de las compras del Estado

Diputados opositores advierten que un decreto reglamentario habilitaría la tramitación integral de compras y contrataciones del Estado en formato digital, evitando el papel sin necesidad de sancionar o modificar una ley. El Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de Transformación e Innovación Digital. La oposición alerta que la ley no impide la despapelización, sino la falta de reglamentación.

Un proyecto de resolución que presentó este lunes el bloque de diputados peronistas insta al “Poder Ejecutivo Provincial para que en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el artículo 33 de la Ley Nº 5.140 —texto ordenado según Decreto Nº 404/95 MEOSP—, dicte la reglamentación necesaria para disponer la tramitación íntegramente digital de los procedimientos de compras y contrataciones del Esta, conforme la normativa vigente en materia de gestión documental electrónica y firma digital”.

Más transparente, más seguro

Desde la oposición se sostuvo que la oportunidad de digitalizar el proceso administrativo de licitaciones en el Estado “además, excede lo administrativo” y entendió que “digitalizar de punta a punta el procedimiento de compras y contrataciones —desde la presentación de la oferta hasta el acta de apertura— no es solo agilizar trámites: es la ocasión de rediseñar el procedimiento para que sea más transparente y más seguro que el actual”.

Se añadió que “el sobre cerrado y el acta manuscrita dependen, en última instancia, de la correcta custodia física de un papel y de la actuación de las personas presentes en el acto; un sistema digital con sellado de tiempo, firma digital y registro auditable reduce el margen de manipulación, error o pérdida documental, y permite un control público y en tiempo real. No aprovechar esa oportunidad, cuando la herramienta jurídica ya está disponible, es sostener innecesariamente un procedimiento que dicen es lento y poco transparente”.

 

Alcanza con voluntad política

El proyecto de resolución de la diputada Andrea Zoff, ingresó a la Cámara de Diputados este lunes 21, un día antes de que la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, reanude el tratamiento del proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo de Transformación e Innovación Digital en la provincia, que entre otros cambios, propone la eliminación progresiva del papel y su sustitución por el expediente electrónico y la firma y notificación digital.

Zoff sostuvo que “la norma no establece que los procedimientos de contratación deban tramitarse necesariamente en soporte papel ni consagra dicho soporte como requisito de validez de las actuaciones que integran el procedimiento” y añadió: “Es decir: la facultad para eliminar el acta manuscrita y el sobre cerrado ya existe en cabeza del Poder Ejecutivo, sin necesidad de reforma legal alguna. No hace falta esperar la sanción de una nueva ley ni la modificación de la Ley 5.140: alcanza con la voluntad política de dictar un decreto”.

No existe vacío normativo a llenar

Para la diputada, la “distinción no es menor, porque desplaza el eje del debate: no estamos ante un vacío normativo que deba llenar la Legislatura, sino ante una potestad reglamentaria del propio Poder Ejecutivo”. Así, entendió que “en este marco, resulta llamativo que en el trabajo en comisión del proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Expediente 29.337, de Transformación e innovación digital de Entre Ríos, el Señor Secretario de Modernización Emanuel Gainza, expuso ‘que la Provincia avanza en un proceso de transformación digital basado en la gestión interna (GDE y firma digital) e interacción ciudadana ('Mi Entre Ríos')”.

Siete pilares

Zoff indicó que la propuesta de Transformación e Innovación Digital que impulsa el Poder Ejecutivo funda su propuesta –según argumentó Gainza- “en siete pilares: tránsito a una administración digital sin papel; consagración del 'Principio de Una Sola Vez'; marco de Gobernanza de Datos; garantía de Derechos de Ciudadanía Digital; modernización para compras directas de software sin intermediarios; habilitación de pagos por adelantado requeridos por el mercado; e incorporación de almacenamiento en la nube".

Asimismo, agregó que "desde el área técnica el Poder Ejecutivo explican que su objetivo no es cambiar las reglas o las etapas de las compras del Estado, sino únicamente cambiar el soporte. Quieren pasar del formato analógico (expedientes de papel y sobres cerrados) al formato digital para agilizar los trámites, algo que hoy la Ley 5.140 les impide hacer".

Precisión: no es la ley sino la falta de reglamentación

En aquel punto, la diputada entendió que “corresponde una precisión, porque hace a la solidez misma de este proyecto: la afirmación de que ‘la Ley 5.140 les impide’ pasar al soporte digital no se corresponde con el texto vigente de esa ley”.

Así, Zoff sostuvo que “quien impide el paso al soporte digital no es la Ley 5.140 —que en ningún artículo de su Título III exige acta manuscrita ni sobre en papel—, sino el Decreto Nº 795/96 MEOSP, en ejercicio de la facultad reglamentaria del citado artículo 33. En otras palabras: el mismo Poder Ejecutivo que en el Expediete 29.337 pidió a esta Legislatura una nueva delegación de facultades para "adaptar el soporte" de las compras públicas (artículo 53° de ese proyecto) ya que cuenta con la herramienta para hacerlo.

La pregunta

La diputada, ante el escenario parlamentario que se presenta, planteó que “la pregunta que este Cuerpo debe hacerse no es si el Poder Ejecutivo puede digitalizar las compras públicas, sino por qué, pudiendo hacerlo por decreto, no lo hizo”. Y agregó que “esa brecha entre el discurso de modernización y la práctica administrativa concreta es, precisamente, lo que motiva este proyecto. No se trata de una demora menor ni de un detalle técnico: el propio Poder Ejecutivo, por boca de sus funcionarios, identificó el soporte papel como el único obstáculo para digitalizar por completo el procedimiento de compras, no mencionaron falta de presupuesto, ni falta de plataforma tecnológica, ni resistencia gremial: mencionaron un requisito reglamentario que ellos mismos pueden modificar”.

Así, entendió que “frente a un diagnóstico tan preciso y compartido por todos los actores del Ejecutivo presentes en la comisión, la ausencia de un decreto que corrija ese único punto señalado no puede explicarse por falta de facultades, sino por falta de decisión de ejercerlas”.

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