Buscan declarar de interés legislativo la serie sobre los abusos en el convento de Nogoyá
Este martes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración impulsado por el diputado Juan Manuel Rossi (JxER), con el acompañamiento de su bloque, para declarar de interés legislativo la serie Cautiva.
La producción audiovisual ficciona la historia y los padecimientos de las religiosas del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, caso que conmocionó a la provincia tras salir a la luz en 2016.
La ficción está inspirada en la investigación periodística de Daniel Enz volcada en su libro Las torturas del convento. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, y protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega —junto a un elenco que integran Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Luis Ziembrowski—, la miniserie de seis episodios aborda la historia de la comunidad religiosa y los mecanismos de sometimiento ejercidos puertas adentro.
“La serie aborda problemáticas como el abuso de poder, los mecanismos de control, el aislamiento y las distintas formas de violencia que pueden permanecer ocultas durante años. Al mismo tiempo, muestra el difícil camino de quien logra salir de una situación de sometimiento y debe reconstruir su vida. Por eso, declarar de interés a Cautiva significa reconocer el valor cultural de una producción que recupera una parte dolorosa de nuestra historia”, fundamenta la iniciativa.
De la realidad a la ficción
La trama de Cautiva sigue a Clara (personaje basado en la experiencia real de Silvia Albarenque), una joven de 18 años que ingresa al convento de clausura impulsada por su fe. Lo que comienza como una vocación se transforma en un entramado de aislamiento, sometimiento y abusos ejercidos por la autoridad del monasterio. Quince años después de su ingreso, la protagonista logra escapar y comienza, junto a su familia, un complejo recorrido judicial y personal para reconstruir su vida.
La producción toma como punto de partida las denuncias penales presentadas en 2016 por Silvia Albarenque y Roxana Peña, exreligiosas que rompieron el silencio sobre la realidad que vivía la comunidad de 18 mujeres detrás de los muros del monasterio. Los testimonios expusieron una rutina de violencia institucional que incluía el uso de cilicios, autoflagelación con látigos, aislamiento forzado, uso de mordazas, censura de correspondencia y ayunos estrictos.
Las revelaciones derivaron en una investigación judicial contra la entonces madre superiora, Luisa Ester Toledo, quien en 2019 fue condenada a tres años de prisión de ejecución efectiva por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por violencia y amenazas. El caso dejó al descubierto graves secuelas físicas y psicológicas en las sobrevivientes, marcando un precedente sobre las vulneraciones de derechos ocultas tras los votos de clausura. (APFDigital)