Teñida de irregularidades, el Gobierno extendió a Eduardo Eurnekian la concesión de Aeropuertos Argentina

El Gobierno aprobó la nueva readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, que permitirá a la compañía continuar operando 35 aeropuertos del país hasta febrero de 2049, con la posibilidad de extender ese plazo hasta 2056. La medida quedó formalizada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial este lunes, y tal como adelantó Ámbito, vuelve a poner bajo la lupa un proceso de renegociación que ya había sido cuestionado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El acuerdo establece como contraprestación una inversión adicional de u$s600 millones, IVA incluido, destinada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Para acceder a los siete años adicionales, la empresa deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de los fondos necesarios y completar al menos el 75% de las obras comprometidas antes del 31 de diciembre de 2031. Si esas condiciones no se cumplen, la concesión finalizará en 2049.

El nuevo plazo es considerablemente inferior al que había aparecido en las negociaciones previas. En 2025, documentos internos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) contemplaban una extensión que podía llevar la concesión hasta 2066. Aquella propuesta quedó bajo cuestionamiento después de que se conociera la existencia de actas reservadas y en medio de una investigación judicial sobre funcionarios del organismo.

Una concesión que ya había sido cuestionada

El antecedente inmediato es la prórroga otorgada durante el gobierno de Alberto Fernández, que extendió el contrato originalmente previsto hasta 2028 primero hasta 2038. La decisión fue justificada por el impacto extraordinario que tuvo la pandemia sobre el tráfico aéreo y la ecuación económica de la concesión.

Sin embargo, un informe de la AGN publicado en 2025 detectó distintas irregularidades en ese proceso. Según el reporte, no se respetaron adecuadamente los pasos previstos para la intervención de los organismos competentes, hubo deficiencias en la documentación de los expedientes y no quedaron suficientemente definidos algunos compromisos de inversión asumidos por la concesionaria.

La AGN también cuestionó la falta de objetivos suficientemente claros para determinadas obras comprometidas con aquella extensión. Entre los puntos observados aparecieron inversiones por u$s85 millones y u$s124 millones cuyos mecanismos de cumplimiento, según el organismo de control, no habían quedado establecidos con suficiente precisión.

Ese antecedente resulta relevante porque la concesión que originalmente debía terminar en 2028 fue extendida hasta 2038 y ahora vuelve a ser objeto de una renegociación de largo plazo. Si prosperaran los cuestionamientos que ponen en duda la prórroga anterior, la AGN había señalado que los activos deberían regresar al Estado al finalizar el contrato original.

Del intento de llegar a 2066 al acuerdo por 2049

La nueva negociación comenzó a tomar forma durante 2025. Según documentación analizada por Ámbito, hubo tres actas vinculadas al proceso. La primera, firmada en septiembre de ese año, contemplaba una extensión hasta 2066. Un segundo documento ratificó aquella negociación y posteriormente, en junio de 2026, una tercera acta volvió a abrir las conversaciones y dejó el documento anterior como antecedente de trabajo.

El proceso estuvo atravesado además por cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Ámbito había informado que las primeras actas no fueron difundidas públicamente y que la discusión se desarrolló mientras existían investigaciones judiciales sobre integrantes del ORSNA.

La propuesta finalmente aprobada recortó significativamente aquel horizonte. La concesión llegará hasta 2049 y podrá alcanzar 2056 únicamente si se cumplen las condiciones vinculadas con el financiamiento y la ejecución de las obras.

El argumento de la pandemia y el equilibrio económico

El Gobierno sostiene que la pandemia provocó un desequilibrio extraordinario en el contrato. Según los fundamentos de la decisión administrativa, el tráfico internacional se desplomó 76% en 2020 y 86% en 2021 frente a 2019, mientras que el tráfico doméstico cayó 77% y 62%, respectivamente.

El impacto también se reflejó en los ingresos: el acuerdo señala una caída del 60% entre 2019 y 2020, con una reducción del 63% en los ingresos aeronáuticos. Sobre esa base, el Estado y la concesionaria plantearon una solución que combina plazo contractual, inversiones, estructura tarifaria y una nueva tasa interna de retorno de referencia del 14,3%.

El Gobierno sostiene que esa tasa busca recomponer la ecuación económico-financiera sin garantizar una rentabilidad determinada y que el costo del reequilibrio no será trasladado íntegramente a los usuarios.

Pero este punto también forma parte de la discusión que antecede al nuevo acuerdo. En las negociaciones previas, Aeropuertos Argentina había planteado una tasa interna de retorno cercana al 16,45%, mientras que el Gobierno rechazó una alternativa basada en un aumento de las tarifas aeroportuarias. En ese contexto, la empresa había puesto en suspenso inversiones por unos u$s600 millones, según la información publicada por Ámbito.

La pregunta sobre las inversiones

Uno de los principales argumentos oficiales para justificar la extensión es precisamente la necesidad de garantizar las obras. La compañía deberá desembolsar ahora u$s600 millones adicionales para Ezeiza y cumplir con un cronograma de ejecución verificable.

Sin embargo, la discusión sobre las inversiones ya había generado observaciones de la AGN. El organismo de control cuestionó en la anterior renegociación la precisión de los compromisos y la existencia de mecanismos suficientemente claros para determinar si la concesionaria efectivamente cumplía con las obras comprometidas.

A esto se suma otro aspecto señalado en las investigaciones previas: el funcionamiento de un fondo fiduciario destinado a infraestructura aeroportuaria que se nutre del canon de la concesión y que, según Ámbito, puede terminar financiando contrataciones de empresas vinculadas al propio grupo concesionario. Ese mecanismo fue presentado como uno de los puntos que requieren mayor transparencia en la relación entre el Estado y la empresa.

El Estado desiste de reclamos contra la empresa

El acuerdo incluye además una cláusula de cierre de conflictos: el Estado Nacional, Aeropuertos Argentina y sus accionistas desisten de los reclamos administrativos y judiciales vinculados con hechos anteriores al nuevo entendimiento o derivados de los perjuicios ocasionados por la pandemia, con excepciones puntuales previstas en el propio acuerdo.

El objetivo oficial es reducir la litigiosidad y darle previsibilidad a la relación contractual durante las próximas décadas. La decisión también contempla una nueva proyección financiera hasta 2056, mecanismos de revisión periódica, metas de inversión y herramientas para resolver eventuales controversias. El programa de obras, además, no podrá acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Un contrato de largo plazo bajo la lupa

El Gobierno presenta el acuerdo como una solución integral para recomponer el equilibrio económico de la concesión y asegurar inversiones en infraestructura aeroportuaria. Pero el antecedente de la prórroga hasta 2038 y las observaciones formuladas por la AGN dejan abierta una discusión sobre cómo se justifican nuevas extensiones y cuáles son los mecanismos efectivos de control sobre el cumplimiento de las obligaciones, publicó Ámbito.

La diferencia con el proceso anterior es que esta vez el contrato incorpora condiciones explícitas para mantener los años adicionales: si Aeropuertos Argentina no acredita el financiamiento requerido o no ejecuta el porcentaje de obras establecido, la concesión terminará en 2049. (APFDigital)