El activismo feminista se reunió en Paraná para defender la vigencia del aborto legal
Este lunes por la tarde, las instalaciones del patio de la Escuela Normal de Paraná, sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), fueron escenario de una reunión abierta y un pañuelazo organizados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito de la provincia.
La jornada se llevó a cabo en conmemoración del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, sirviendo también como instancia de debate e impulso de cara al 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.
Durante la actividad, las referentes e integrantes de la Campaña Lucía Grimalt, Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos, brindaron precisiones sobre el estado de aplicación de la Ley 27.610. Coincidieron en señalar que la normativa sigue plenamente vigente, aunque advirtieron sobre las complejidades financieras, el desabastecimiento de insumos por parte de la Nación y la necesidad de mayor difusión pública a nivel local.
En lo que va del año el sistema público de salud de la provincia realizó 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo
Estado de la normativa y faltante de medicación
Al respecto, Grimalt remarcó la importancia de difundir el acceso a la salud reproductiva en el territorio provincial, especialmente para quienes atraviesan un embarazo no deseado o requieren causales pasadas las 14 semanas: "Para todas nosotras es fundamental seguir recordándole a la población, y en particular a las mujeres y personas con capacidad de gestar, que está en vigencia. Es importante que sepan que en Entre Ríos la ley se aplica y que existen centros asistenciales distribuidos en toda la provincia".
"Además del ataque constante, el Gobierno Nacional desde el 2023 que no envía medicación pero a partir de la organización del movimiento feminista se logró que Entre Ríos esté comprando el fármaco. Incluso en 2025 fue necesaria una donación de organizaciones para garantizar el insumo en la provincia", denunció la militante.
A su vez, Grimalt remarcó que las obras sociales deben cubrir el 100% del tratamiento y reclamó que el Estado Provincial difunda oficialmente los lugares de atención para agilizar los tiempos de derivación, los cuales no deben superar los 10 días desde la solicitud.
Financiamiento y respuesta a los discursos oficiales
Por su parte, Cáceres Sforza se refirió al sostenimiento de la ley dentro del actual marco económico y criticó los posicionamientos mediáticos impulsados desde el Poder Ejecutivo Nacional contra el movimiento de mujeres.
"Ninguna política pública ni derecho conquistado en las calles puede ser real si no tiene presupuesto atrás. Lo discutimos con la ESI, con la Ley Micaela y obviamente con el aborto legal. Hoy nos enfrentamos a ataques sistemáticos para culpabilizarnos, por ejemplo, de los índices de natalidad, buscando poner al feminismo como blanco para encubrir una crisis económica tremenda", afirmó la integrante de la Campaña.
Multicausalidad en la natalidad y el trabajo territorial
Al abordar el debate sobre la caída de la natalidad planteado por el oficialismo nacional, Burgos remarcó que se trata de un fenómeno global atravesado por variables socioeconómicas y ambientales que exceden el marco legal de la interrupción del embarazo.
"Es multicausal el efecto por el cual ha caído la natalidad y nada tiene que ver con nuestro derecho a decidir. No se tienen en cuenta factores económicos, sociales o ambientales como el sobreuso de agrotóxicos y microplásticos que influyen directamente en la salud reproductiva. Se intentan instalar campañas para obstaculizar derechos", aseveró la militante.
Respecto a la situación provincial y a las cifras oficiales —como los 1.400 procedimientos informados por el sistema público de salud entrerriano en lo que va del año—, las referentes señalaron que existe un trabajo conjunto de monitoreo continuo entre la Campaña y redes de acompañamiento como Dora te Escucha (Socorristas en Red).
A través de esta articulación comunitaria, las organizaciones mantienen el seguimiento de la disponibilidad de efectores de salud, los registros de objeción de conciencia y la exigencia de recursos técnicos en toda la provincia. (APFDigital)