Blanzaco instó en el Senado a optimizar los recursos en salud mental: “Más que leyes nuevas, mejoremos las que están”

Este miércoles, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, participó de dos reuniones de comisión en la Cámara de Senadores provincial. En primer término, estuvo presente en la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción, donde se abordaron tres temas, entre los cuales se destacó el Expediente N° 15.363: Proyecto de Ley sobre la Red Integral de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.

A la jornada asistieron como invitados la representante de la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos y de la Agencia de Salud Mental, Sandra Cislaghi; el referente del Movimiento Social “Ni un Pibe menos por la droga”, Javier Billordo; en representación del Centro de Día Casa Club y la Asamblea por la Salud Mental de Gualeguaychú, Alicia Ferrer; y el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, Martín Cabrera.

Crítico diagnóstico territorial

Sandra Cislaghi inició las intervenciones pidiendo a los senadores que “protejan a los entrerrianos” y recriminó que al recinto le llevó casi 300 días volver a discutir la problemática. La referente advirtió sobre la preocupante estadística de suicidios en la provincia, la cual supera la media nacional, e informó que entre enero y julio de este año se registró un intento de suicidio cada 12 horas.

“No queremos que se nos escuche, sino que se accione”, manifestó Cislaghi, tras remarcar que el suicidio constituye la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. Asimismo, criticó la falta de políticas integrales y exigió que se declare la emergencia en salud mental, junto con el fortalecimiento de la Ley Nacional de Salud Mental.

Además, sugirió solicitar informes a la línea telefónica gratuita y confidencial de asistencia en crisis (135) y citó el impactante caso de un niño de 10 años que llamó a dicho servicio, así como el de uno de 12 que se quitó la vida en Concepción del Uruguay.

Durante el intercambio, la senadora Nancy Miranda (Frente Cimarrón) coincidió en la gravedad del tema, aunque dudó de que una ley sea la solución definitiva, a lo que Cislaghi respondió subrayando la urgencia de adoptar medidas que trasciendan las gestiones de gobierno. A su turno, el senador Martín Oliva (PJ) coincidió en el valor de la ley, pero advirtió que el recurso humano actual se encuentra debilitado y demandará años revertir el problema.

La posición del Ministerio de Salud

Posteriormente tomó la palabra el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien agradeció el espacio de intercambio, se refirió al gobernador Rogelio Frigerio como «alguien que sabe escuchar» y ratificó que la salud mental representa un área prioritaria dentro de la agenda del Poder Ejecutivo provincial.

Al abordar la propuesta legislativa en debate, el funcionario planteó una postura cautelosa respecto a la sanción de nuevos marcos normativos: “Más que leyes nuevas, mejoremos las que están. Tratemos de reforzar el acompañamiento en las zonas donde más se lo necesita”, expresó Blanzaco, encuadrando el problema como una discusión central de política pública.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria explicó que la gestión está enfocada en la redistribución eficiente de las partidas y en colocar los recursos en aquellos lugares donde la demanda es más urgente, reconociendo que “las necesidades son infinitas y los recursos escasos”.

Como parte de las medidas concretas implementadas por la provincia, anunció que se están desarrollando capacitaciones permanentes destinadas a los trabajadores de la salud para fortalecer la atención en salud mental.

Respecto a las estadísticas sobre autodeterminaciones e intentos de suicidio planteadas durante la comisión, el ministro aseguró que la cartera a su cargo trabaja para “mejorar y transparentar los datos oficiales”, y precisó que la provincia registró picos históricos en los años 2011 y 2024.

De esta manera, subrayó que no se trata de una problemática coyuntural o reciente, sino de una crisis compleja que se arrastra desde hace muchos años. Para concluir su alocución, Blanzaco destacó su trayectoria profesional al manifestar: “No vengo de un escritorio, sino de trabajar en un hospital público a gran escala”.

 Perspectiva comunitaria y social

Por parte del Movimiento "Ni Un Pibe Menos Por la Droga", Javier Billordo visibilizó el trabajo de prevención de las organizaciones en barrios populares junto a escuelas, clubes y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Sin embargo, alertó sobre un desborde territorial: “En la evaluación que hacemos en el equipo no damos abasto con los casos que se presentan”.

Billordo sostuvo que la precarización económica y la reducción de la asistencia alimentaria inciden de forma directa en el consumo problemático a edades tempranas. Asimismo, defendió el modelo comunitario en concordancia con los procesos de desmanicomialización previstos por la norma nacional. Si bien valoró el debate legislativo, aclaró que “una ley por sí sola no resuelve de fondo las problemáticas si no se acompaña con políticas integrales del Estado que generen trabajo digno, educación y salud alimentaria”.

Observaciones del Órgano de Revisión

Finalmente, Martín Cabrera, del Ministerio Público de la Defensa, valoró la apertura de la discusión y coincidió en declarar la emergencia, pero planteó objeciones puntuales al proyecto de ley. Desaconsejó sustituir la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma) por una "red de cuidados", argumentando que la política pública debe trazarse en una instancia interministerial y no confundirse con esquemas de acompañamiento individual.

Cabrera remarcó que la falta de presupuesto frena la consolidación de la atención primaria y de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental (RISaM). Advirtió también sobre el agotamiento de los equipos técnicos y cuestionó la intervención de fuerzas de seguridad para custodiar internaciones involuntarias en lugar de disponer de personal de salud especializado.

En relación con la situación del sistema, reveló que el 70% de las camas en hospitales monovalentes permanecen ocupadas por personas sin criterio médico de internación, debido a la falta de dispositivos habitacionales alternativos y a las demoras en el financiamiento de programas como Incluir Salud hacia las ONG.

Para finalizar, celebró la propuesta de crear un registro de instituciones supervisado por el Ministerio de Salud y reiteró la importancia de la emergencia para asignar partidas presupuestarias concretas. (APFDigital)