Exdiputada sostuvo que los concursos en la UEP son una oportunidad perdida para reconocer la trayectoria de los trabajadores contratados
La ex diputada nacional oriunda de Concordia, María de los Ángeles Petit, expresó su opinión respecto de los concursos para cubrir la jefatura del Área Tesorería, y otro para cubrir un cargo en plante permanente de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
A continuación la opinión completa:
Concursos en la UEP: una oportunidad perdida para reconocer la trayectoria de los trabajadores contratados
Dra. María de los Ángeles Petit
Exdiputada nacional
El reciente anuncio sobre la convocatoria a un Concurso Tipo A para cubrir la Jefatura del Área Tesorería y un cargo en la Planta Permanente de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) ha sido presentado desde el Gobierno como un hito de transparencia y mérito, en el marco del Decreto Nº 1452.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de modernización institucional, el proceso deja al descubierto una omisión histórica: la falta de reconocimiento y ponderación de la trayectoria de los cientos de trabajadores contratados que llevan años —y, en muchos casos, décadas— sosteniendo el funcionamiento del Estado provincial.
Si bien la implementación de concursos públicos y abiertos es una exigencia constitucional indiscutible para garantizar la libre concurrencia y la idoneidad en la administración pública, la modalidad elegida para esta primera convocatoria abre un debate urgente sobre la justicia laboral.
Al plantearse como un concurso abierto sin un esquema de puntaje diferencial o reconocimiento explícito de la experiencia acumulada dentro de la propia repartición, la normativa pone en pie de igualdad formal a profesionales externos con aquellos agentes precarizados que ya conocen la dinámica, la complejidad y el día a día de la UEP.
Esta situación invisibiliza el reclamo histórico de regularización laboral.
Durante años, la figura del contrato formal o de locación de obra ha servido para cubrir vacantes estructurales sin otorgar la estabilidad que marca la ley. Que hoy se abra esta instancia sin ponderar formalmente esa antigüedad ni ofrecer un plus por la idoneidad demostrada en el ejercicio real del cargo equivale a ignorar el esfuerzo de quienes mantuvieron operativas las áreas estatales en contextos desfavorables.
El mérito no solo se demuestra en un examen teórico o en la presentación de un currículum académico; la idoneidad también se construye en la práctica cotidiana y en el conocimiento acumulado en la gestión pública. Garantizar la transparencia no debiera ser incompatible con diseñar mecanismos que valoren la trayectoria de los trabajadores precarizados que aspiran a un justo pase a planta permanente.
El concurso de la UEP sienta un precedente. Si el nuevo régimen busca consolidar un modelo de empleo público profesional e idóneo, resulta indispensable corregir los sesgos que terminan postergando a quienes llevan años esperando una regularización que nunca llega.
Frente a este escenario de postergación, se impulsan activamente presentaciones en el ámbito de la Justicia para revertir una situación que perpetúa la inestabilidad. Estas acciones judiciales buscan que las y los trabajadores contratados dejen de ser víctimas de un sistema precarizador y que, en su lugar, se asegure un mecanismo equitativo en el que su experiencia y los servicios efectivamente prestados sean debidamente evaluados al momento de concursar por un cargo en la planta permanente.
El concurso en la UEP no es un hecho aislado, sino la cara visible de una política de personal conducida por la gestión de Rogelio Frigerio que contrapone la "modernización" con la vulnerabilidad laboral. Resulta contradictorio que el Gobierno promueva un discurso de meritocracia y profesionalización mientras, en simultáneo, se han producido despidos masivos y no se han renovado cientos de contratos en distintas áreas del Estado.
Esta combinación de cesantías y concursos sin reconocimiento de antecedentes configura un escenario desgastante para los trabajadores: por un lado, se desmantelan equipos con años de experiencia; por el otro, se desconocen los antecedentes de quienes resisten la precarización. Si el verdadero objetivo fuera construir una administración pública eficiente y respetuosa de sus recursos humanos, el ingreso a la planta permanente debería ser la coronación de un proceso justo de regularización y no un mecanismo que invisibiliza a las víctimas de la inestabilidad que el propio Estado profundiza. (APFDigital)