2026-09-30

Sin el apoyo del PJ, el Senado aprobó el proyecto de alivio fiscal para comercios

El senador Victor Sanzberro manifestó que la negativa del Bloque Más por Entre Ríos se debe a la necesidad de ampliar el alcance del proyecto de alivio fiscal venido en revisión de la Cámara de Diputados. Durante la sesión se aprobaron además proyectos vinculados a la producción avícola industrial.

En la 14º Sesión Ordinaria, el Senado aprobó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos, con especial atención en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento por parte del Estado provincial.

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Al respecto el senador Vergara  respaldó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo provincial y reconoció el las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía. Señaló que las medidas contempladas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró que “responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal”. En ese sentido, destacó que el proyecto contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, además de la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores.

El legislador también destacó otras herramientas previstas en la iniciativa, entre ellas la facultad del Poder Ejecutivo para disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares que puedan afectar a determinados sectores. Enmarcó estas disposiciones en una política provincial orientada, según expresó, a “hacer menos gravosa la presencia del Estado provincial” y mencionó otras medidas de incentivo a la actividad privada, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento.

La iniciativa no tuvo el apoyo del Bloque de Más para Entre Ríos. En ese sentido, Víctor Sanzberro fundamentó el voto negativo al manifestar la necesidad de ampliar el alcance del proyecto de alivio fiscal venido en revisión de la Cámara de Diputados. Señaló que la iniciativa contempla la exención de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial, y propuso incorporar también a los prestadores de servicios.

En ese sentido, cuestionó que queden excluidos trabajadores como “un plomero, un gasista o una peluquera” y planteó extender el beneficio “a las categorías D, E, F y G para aquellos contribuyentes que acrediten una situación de sobreendeudamiento, tomando como referencia que el pago de deudas supere el 40% de sus ingresos”.

Además, sostuvo que “entre las condiciones previstas para acceder a los beneficios no debería exigirse la inexistencia de deuda exigible con ATER”, al considerar que esa condición “puede dejar afuera precisamente a quienes atraviesan mayores dificultades económicas”. En ese marco, propuso incorporar herramientas como la suspensión de ejecuciones y embargos y una moratoria con quita de intereses. “La idea era no votar una ley insuficiente, sino procurar brindar un alivio real”, expresó el senador.

Actividad productiva industrial

Durante la sesión obtuvo media sanción el proyecto de ley de autoría del senador Gustavo Vergara y los senadores Méndez, Dal Molín y Cozzi, por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial. La iniciativa aprobada pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

El senador por el departamento Diamante argumentó: “Este proyecto busca hacer una “equiparación o una igualación de la actividad del matarife de la provincia de Entre Ríos” con la legislación de provincias vecinas (como Santa Fe), equiparándola a una “actividad de características industriales”. El legislador explicó que el matarife en Entre Ríos adquiere hacienda directa o por consignatarios, faena a través de frigoríficos habilitados y distribuye comercialmente.

La falta de simetría tributaria generaba un “desbalance desde el punto de vista fiscal” que provocaba que la hacienda se procesara fuera de la provincia. La iniciativa busca que ATER y el Poder Ejecutivo otorguen los “beneficios de carácter impositivo o de carácter fiscal que hay para una actividad del tipo industrial”.

Vergara también recordó que el proyecto fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Industria provincial (a cargo de Catriel Tonutti).  Luego de los argumentos, el proyecto quedó aprobado y girado en revisión a la Cámara de Diputados.

Seguidamente, se aprobó el proyecto de ley de autoría del senador Vergara, por el que se establece que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne será considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial. Tras la aprobación, pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

El legislador pidió la palabra para explicar los fundamentos. “Busca que la ley reconozca una realidad productiva que hoy no la tiene”, dijo el legislador explicando que es necesario dejar de encuadrar a las incubadoras como “actividad primaria” para reconocerlas como una “actividad estrictamente industrial”, caracterizada por la transformación del producto, incorporación de “capital económico y también un capital humano”, tecnología e innovación dentro de la cadena avícola.

Y agregó: “Con este proyecto le estamos dando la identidad necesaria”. Además, se le exige la inscripción en el Registro Industrial provincial y nacional y el cumplimiento de la normativa sanitaria fijada por el SENASA.

Proyecto del STJ

Por último, los senadores aprobaron el proyecto de resolución por el que se dispone hacer lugar a lo solicitado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y disponer el retiro y devolución del expediente Nº14.996 “por el cual se establece que el agente financiero provincial pague al Superior Tribunal de Justicia de la provincia un canon mensual en razón de los saldos disponibles de todas las cuentas bancarias judiciales abiertas para disposición de los jueces y juezas provinciales en los juicios que tramitan sus juzgados”. (APFDigital)

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