Apyme rechazó el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y reclamó una respuesta del Congreso
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) para promover la acción judicial y no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
Apyme sostuvo que la decisión genera “alarma” y cuestionó el alcance de la resolución, al considerar que deja sin efecto las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones específicas para determinadas zonas y propiedades.
La entidad vinculó el fallo con su rechazo general a las políticas impulsadas a través del DNU 70/2023 y sostuvo que la eliminación de regulaciones afecta la protección de las cadenas productivas locales, la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas. En ese marco, convocó a denunciar lo que definió como una situación de “desamparo judicial” frente a la posibilidad de una mayor participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras.
Reclamo al Congreso
Apyme sostuvo que la discusión también queda en manos del Poder Legislativo y reclamó que el Congreso intervenga sobre la normativa. En efecto, el DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, mientras que la Cámara de Diputados todavía no trató su rechazo. Tras el reciente fallo de la Corte, sectores de la oposición anunciaron que buscarán impulsar su tratamiento en la Cámara baja.
Finalmente, la organización planteó que el debate sobre la Ley de Tierras debe inscribirse en una discusión más amplia sobre el modelo productivo y el rol del Estado. En ese sentido, sostuvo que un proyecto de desarrollo debe tener carácter “nacional, democrático y soberano”. (APFDigital)