2026-10-05

A dos décadas de la sanción de la ESI: El trabajo en las aulas y la discusión curricular en la universidad pública

En Entre Ríos, educadores señalan la necesidad de mayor respaldo institucional y recursos para la implementación de la ley. Mientras tanto, en la Uader avanza la discusión por la actualización de los planes de estudio y la incorporación de la Educación Sexual Integral, supo APFDigital.

A 20 años de la promulgación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la brecha entre el espíritu de la norma y su aplicación cotidiana en la provincia de Entre Ríos continúa siendo objeto de debate.

La falta de políticas públicas continuadas, la escasez de recursos materiales en las escuelas y el vaciamiento de programas nacionales han provocado que la garantía de este derecho descanse, en gran medida, sobre el compromiso de las y los docentes en las aulas.

Sin insumos, sin tiempo y con salarios de miseria

La realidad cotidiana en las escuelas de Entre Ríos refleja una marcada desarticulación y falta de apoyo material del Gobierno provincial. En diálogo con esta Agencia, la docente de Historia y ESI e integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y Non Binarie de Paraná, Antonella Acosta, la profesora expuso la dificultad de sostener propuestas pedagógicas con recursos propios: "No recibimos ningún apoyo. Hay que adecuar la propuesta a posibilidades económicas hiperlimitadas". Acosta ejemplificó que, ante emergentes como la violencia de género, el pluriempleo y los salarios docentes impiden imprimir o elaborar materiales didácticos lúdicos.

La educadora y militante feminista contextualizó "la situación docente a nivel nacional es terrible, pero en Entre Ríos somos uno de los peores pagos y eso impacta directamente en la educación que podemos garantizarles a los gurises, por más voluntad que haya. La responsabilidad es del Estado Provincial".

Persecución política, desinformación y el "miedo latente"

A la precariedad material se suma un contexto de estigmatización alimentado por funcionarios y dirigentes políticos, lo que instala el temor dentro de los establecimientos educativos.

"A la desinformación contribuyen muchos funcionarios, dirigentes y hasta el propio Presidente", señaló Acosta. "No es que no saben qué es la ESI; lo que pasa es que le da voz a las infancias y adolescencias, mientras este gobierno defiende el silencio de las minorías vulneradas. Por eso la difaman y desinforman, haciendo parecer que en el aula solo se va a hablar de sexo, cuando la sexualidad es amplia y atraviesa toda nuestra vida".

Ante los reclamos o prejuicios de las familias, los docentes deben evaluar hasta qué punto se exponen y si los equipos directivos los van a acompañar. "Ese miedo está latente porque el prejuicio también habita en muchas autoridades que no siempre respaldan al docente, cuando lo único que hace es garantizar un derecho", explicó Acosta.

La contradicción de la Universidad Pública y el costo del posgrado

En la educación superior regional, la falta de formación de grado obliga a los profesionales a costear de su propio bolsillo la capacitación necesaria para ejercer.  "Si la universidad no te forma, lo que queda es complementar con posgrados, pero son pagos y solo una minoría los puede costear", advierte Acosta.

Como graduada de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uader), Acosta destaca la lucha colectiva que llevan adelante estudiantes y egresados para incluir la ESI en el nuevo plan de estudios, tanto de manera transversal como en una cátedra específica.

"Una universidad que se jacta de posicionarse desde los Derechos Humanos no puede no garantizar la ESI", sostiene la docente, al remarcar que en el Profesorado de Historia hoy se forman educadores sin un espacio curricular dedicado a este derecho.

Veinte años defendiendo la vida y la autonomía de las infancias

Pese al desamparo gubernamental y las dificultades materiales, la ESI demostró ser una herramienta indispensable para la protección, la salud pública y el desarrollo integral de las infancias y juventudes.

Su aplicación sostenida en las aulas ha permitido revelar alrededor del 80% de los casos de abuso sexual infantil judicializados, prevenir miles de embarazos no intencionales en la adolescencia a través de programas específicos y brindar herramientas pedagógicas para que los estudiantes construyan proyectos de vida libres y autónomos.

"La ESI no ha hecho otra cosa que cuidar a las infancias, adolescencias y juventudes. A sus 20 años de implementación y en un momento crítico, nos queda a todos nosotros seguir defendiéndola y ser quienes la cuidemos", sintetiza Acosta. (APFDigital)

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