Se buscará avanzar en Diputados con un proyecto para castigar los hechos de vandalismo rural

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de Diputados se encamina a avanzar con un proyecto para establecer penas por hechos de vandalismo rural, tema sobre el que hay dos iniciativas presentadas, de los diputados Martín Ardohain (Pro) y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).

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La temática ya fue abordada por ambas comisiones por separado, e incluso representantes de entidades agropecuarias asistieron a expresar su enfático respaldo. Ahora, será el turno de la reunión conjunta, que se desarrollará este martes desde las 14.30 en el segundo piso del Anexo "C".

El proyecto promovido por Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, propone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establecería una pena de prisión de un mes a un año al que "entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo".

"Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso", añade el texto, al tiempo que aclara que "no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública".

Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces "el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare" elementos que afecten "de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario". En ese sentido, se enumera cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc.

"En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua", suma y añade que "la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria".

Finalmente, se modifica el ya existente artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito y se incorpora que "la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales".

En tanto, la iniciativa de Gutiérrez -representada en base a un proyecto que había perdido estado parlamentario-, prevé la incorporación de una definición legal de "peligro común" y de "estrago" en el artículo 77 del CP.

A su vez, busca incorporar el artículo 184 bis al CP para establecer penas de prisión de uno a cuatro años para el que "mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afectare de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo".

El texto indica que la pena pasará de dos a seis años cuando "el hecho recayere sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para el desarrollo de la actividad; fuere cometido por dos o más personas que actuaren de manera coordinada; u ocasionare un perjuicio económico de significativa magnitud.

Además, se prevé una modificación al artículo 186, con un incremento de las penas de prisión de seis a quince años para quien causare estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo; y una reformulación del estrago culposo en el artículo 189 del CP. (APFDigital)