El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y descarta una salida política

El Gobierno decidió apelar el fallo que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula con la que Javier Milei había condicionado su ejecución. La Casa Rosada ya trabaja en la estrategia judicial y descarta, por ahora, abrir una negociación con las universidades.

La definición abre una nueva etapa de un conflicto que ya llegó hasta la Corte Suprema y que ahora se cruza con la discusión del Presupuesto 2027, las paritarias universitarias y la Quinta Marcha Federal convocada para el 15 de octubre.

La estrategia para resistir el fallo

La apelación será presentada en los próximos días. Según trascendió, la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio, analiza además otras alternativas legales para evitar que el Ejecutivo deba afrontar de inmediato el gasto derivado de la aplicación integral de la ley.

En Balcarce 50 sostienen, según informó BAE Negocios, que todavía existe margen para discutir la sentencia y mantienen su argumento central: debe ser el Congreso el que determine de dónde saldrán los recursos.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también descartaron una salida política. "No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar", afirmó a Infobae una fuente de su mesa chica. Y agregó que el proyecto de Presupuesto 2027 ya está en el Parlamento: "Si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso".

Qué resolvió Cormick

El juez federal Martín Cormick hizo lugar este martes a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA), y declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que había permitido suspender en los hechos la aplicación de la Ley 27.795.

La norma había sido vetada por Milei, pero Diputados y el Senado insistieron con las mayorías de dos tercios exigidas por la Constitución. El Ejecutivo debió promulgarla, aunque incorporó una cláusula que supeditó su ejecución al artículo 5° de la Ley 24.629, que exige identificar las fuentes de financiamiento de todo nuevo gasto.

Cormick consideró que ese mecanismo funcionó como una nueva instancia de veto no prevista en la Constitución. También rechazó la tesis de que la ley carecía de financiamiento: señaló que su artículo 9° permite reasignar partidas y utilizar mayores ingresos de la recaudación corriente.

El Gobierno había advertido durante el expediente que ejecutar la norma demandaría más de un billón de pesos y podía comprometer el equilibrio fiscal. El juez contrapuso, entre otros elementos, una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculó para 2025 un costo equivalente al 0,23% del PBI nominal proyectado.

Presupuesto 2027, el próximo frente

La discusión se trasladará también al Congreso. El proyecto oficial de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores estimaron que serían necesarios unos $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos previstos consolidarían un nivel 24,9% inferior en términos reales al presupuesto de 2023. Los rectores ya iniciaron contactos con diputados y senadores para reclamar modificaciones.

La pulseada judicial, en tanto, tiene antecedentes. En diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar que ordenó aplicar los artículos 5° y 6° de la ley, vinculados con salarios y becas. La Cámara confirmó esa decisión en marzo y en junio la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado, por lo que la medida quedó firme.

En paralelo, el Gobierno, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio un acuerdo que contempló una recomposición salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% de las Becas Manuel Belgrano. El Ejecutivo pagó los aumentos salariales y de becas, pero quedaron pendientes los otros dos puntos.

Paritarias y una nueva marcha

El conflicto volvió a escalar en septiembre, cuando los gremios docentes y no docentes rechazaron en dos reuniones paritarias una oferta salarial del 3%.

Las organizaciones convocaron entonces a nuevas medidas de fuerza y a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, respaldada por el CIN. La movilización, inicialmente prevista frente al Palacio de Tribunales, fue trasladada al Congreso, donde la oposición busca realizar ese mismo día una sesión especial.

En el sector universitario ya esperaban una apelación que llevará ahora la discusión nuevamente a la Cámara, mientras el financiamiento universitario seguirá en disputa en los tribunales, el Congreso y la calle. (APFDigital)