AySA vuelve a manos privadas
La operación implica un cambio de gestión para una empresa estratégica que presta los servicios de agua potable y saneamiento a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El nuevo concesionario tendrá que asumir la operación entre enero y febrero de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno.
La definición se produjo después de la apertura de los sobres económicos de la licitación. El consorcio encabezado por Rowing superó al otro grupo que había llegado a la instancia final: Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio.
La diferencia económica fue de US$55 millones. Mientras el grupo ganador ofreció USD 340 millones, Roggio había puesto sobre la mesa US$285 millones por las acciones estatales.
El consorcio ganador está integrado, además de Rowing y Transclor, por Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.
Quiénes están detrás del nuevo operador
Rowing S.A. es una empresa de ingeniería fundada por Walter Román, quien encabezó la propuesta ganadora.
A su vez, Transclor, propiedad del empresario Mauricio Filiberti, tiene una relación previa con AySA: desde 2009 es proveedor de policloruro de aluminio utilizado en los procesos de potabilización.
La propuesta también incorpora experiencia internacional. Arcos Saneamento, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, participa en la operación del sistema de agua y saneamiento de Río de Janeiro mediante Águas do Rio, concesión que obtuvo en 2021.
Del otro lado, el Grupo Roggio había conformado un consorcio junto con Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
Más allá del monto pagado por las acciones, la operación implica un compromiso financiero mucho mayor para el futuro concesionario. El contrato establece que deberán ejecutarse inversiones por un mínimo de US$2.000 millones durante los primeros cinco años. Para los primeros 30 años de concesión, las obligaciones de infraestructura pueden alcanzar entre US$13.000 millones y US$15.000 millones.
El desembolso deberá estar destinado a obras y mejoras vinculadas con el sistema de agua y saneamiento.
Entre los activos alcanzados aparecen redes, plantas, bombas y cañerías, que una vez incorporados al sistema continuarán siendo propiedad del Estado cuando finalice la concesión.
Una concesión de 30 años
El acuerdo tendrá una duración inicial de 30 años, aunque existe la posibilidad de extenderlo por otros 10 años.
A diferencia de otras licitaciones, los participantes no compitieron presentando un programa propio de inversiones ni una propuesta tarifaria. Esas condiciones ya habían sido determinadas previamente en el pliego.
Por ese motivo, el precio ofrecido por las acciones terminó siendo el elemento decisivo para definir al ganador.
Las metas que deberá cumplir el nuevo operador
El contrato también establece objetivos concretos para ampliar la cobertura de los servicios.
En materia de agua potable, la meta es alcanzar una cobertura del 75,3% hacia fines de 2031 y llegar al 90% al finalizar los primeros 30 años de concesión.
Para el servicio de saneamiento, el objetivo fijado es alcanzar el 63,9% en 2031 y llegar al 75% al cierre del período inicial.
La cobertura universal de ambos servicios aparece proyectada para una eventual extensión de la concesión por una década.
Ahora comenzará una nueva etapa: la transición hacia la gestión privada, la ejecución de un programa de obras multimillonario y el cumplimiento de las metas de cobertura serán los principales desafíos que deberá afrontar el consorcio ganador a partir de 2027. (APFDigital)