Bahl y otros legisladores denunciaron ante la Procuraduría irregularidades en la tasación de AySA
El senador nacional por Entre Ríos Adán Bahl, junto al senador Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con la tasación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la reserva de la documentación correspondiente.
La presentación se produjo luego de la apertura de las ofertas económicas por el 90% de AySA. Si bien se conocieron las propuestas de los interesados, los legisladores sostienen que no tuvieron acceso a la tasación oficial de la empresa ni a los criterios y antecedentes técnicos utilizados para determinar su valor.
La denuncia dio origen al expediente PIA N.º 835/2026, que se encuentra actualmente en la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la Procuraduría. Esta instancia no implica una conclusión sobre las irregularidades denunciadas.
El Congreso necesita conocer el valor de la empresa
La cuestión central es saber cuánto vale AySA según la tasación oficial, cómo se determinó ese valor y qué documentación técnica respalda esa evaluación.
"El Congreso tiene la responsabilidad de controlar cómo se dispone del patrimonio público. Para poder hacerlo necesitamos conocer la tasación, sus fundamentos y toda la documentación que permita evaluar la operación", sostuvo Bahl.
En la presentación también se cuestionan aspectos vinculados con el procedimiento utilizado para realizar la valuación, las competencias de los organismos que intervinieron y el alcance de la reserva sobre los informes oficiales. Los legisladores señalan, además, que realizaron pedidos de documentación antes de la apertura de las ofertas y que no recibieron los antecedentes solicitados.
Reclaman información antes de la adjudicación
La presentación se fundamenta en las facultades de control reconocidas a la Comisión Bicameral por las leyes 23.696 y 27.742. En paralelo, los cuatro legisladores evalúan realizar una presentación judicial para acceder a la documentación y, eventualmente, solicitar una medida cautelar. La acción todavía no fue presentada.
"La adjudicación no debería avanzar sin que el Congreso pueda conocer y analizar la información que necesita para cumplir con su función. Se trata de transparencia y de cuidar los recursos del Estado", afirmó Bahl. (APFDigital)