Confirman el procesamiento de ganaderos por la afectación de aguas en un lote fiscal en islas de Victoria
El pasado 16 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento que el juez de Victoria, Federico Ángel Martin impuso sobre Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez.
Los acusados fueron imputados por el delito que prevé el Código Penal en su artículo 182º inciso 2° de “estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobres las aguas” del arroyo Colorado, afluente de Los Laureles, en un sector protegido del Delta del Paraná.
Los procesados están vinculados en distintos roles y responsabilidades con la firma “Establecimiento Los Laureles SA”, que se dedica a la cría y engorde de animales en el “Lote 35 Lámina 2 Sur” que pertenece al Superior Gobierno de Entre Ríos. Para esto, la firma ganadera cuenta con un “acuerdo de permiso transitorio de sobre 995 hectáreas para el desarrollo exclusivo de actividades pecuarias”, publicó Era Verde.
Tetrápodos
Estas tierras fiscales se ubican a unos 52 kilómetros al sur-sur-oeste de la ciudad de Victoria y a 15 kilómetros al norte de Villa Constitución, en la vecina costa de la provincia de Santa Fe.
Allí se efectuaron, puntualmente, movimientos de suelo sobre el curso de agua del arroyo Colorado, ribera sur en su afluencia con el curso del arroyo Los Laureles. Así también se corroboraron obras de estabilización consistentes en la colocación de estructuras modulares de hormigón armado denominada “tetrápodos”: Un murallón de piedras y tablestacado que modificó el paisaje en una extensión aproximada de ciento diez (110) metros.
Asimismo, se constató la eliminación –desmalezado– de vegetación por acción mecánica de aproximadamente 121 hectáreas del humedal, según el informe que recibió el juez Martín y respaldó el procesamiento de los imputados que ahora fue confirmado por la Cámara.
Fue relevante a la hora de evaluar las responsabilidades el dato que estas intervenciones se efectuaron dentro del Área Natural Protegida, Reserva de Usos Múltiples «Humedales e Islas de Victoria» y en infracción a la cautelar federal de protección del Delta que rige desde el 1 de julio de 2020.
Tras esta confirmación, el expediente sigue su curso hacia el juicio oral. De hallarse responsables, los imputados pueden ser alcanzados por penas correccionales que van desde 15 días de base a 2 años de prisión condicional en caso que sea agravada. De todos modos, se estima que podría encuadrarse el caso bajo la Ley General del Ambiente Nº 25.675 que ordena que se recomponga el daño ambiental. (APFDigital)