El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos digitaliza y refuerza el control sobre los sueldos del Estado
Con el objetivo de modernizar los procesos de auditoría y optimizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, el Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia de Entre Ríos (TCER) incorporó un régimen automático y sistematizado para fiscalizar las erogaciones en sueldos y gastos de personal.
Desde el TC se destacó que “con este paso hacia la digitalización y el análisis basado en criterios de riesgo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos busca consolidar una auditoría más oportuna, eficiente y transparente sobre uno de los rubros más significativos del presupuesto público”.
La medida, oficializada mediante la Acordada Nº 349/2026, deja sin efecto la normativa previa que versaba sobre la materia que fue establecida en la Acordada Nº 310 y establece una plataforma centralizada a la que deberán volcar sus datos los distintos poderes del Estado provincial, entes autárquicos, universidades, Municipalidades, entes municipales, Comunas, la Caja de Jubilaciones y el Registro Civil, entre otros organismos.
“El corazón de este nuevo sistema es el cruzamiento automatizado de datos. Se procesará información integrada proporcionada por los distintos organismos sobre liquidaciones de haberes, beneficios previsionales, ayuda social y registros de fallecimientos”, señaló el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara.
Este procedimiento permitirá detectar con mayor rapidez e integridad posibles inconsistencias, como duplicación de cobros en distintas dependencias estatales o pagos erróneos. Los resultados de estos cruces informáticos funcionan como herramientas de alerta preliminar y servirán de insumos para la fiscalización profesional de los auditores.
Implementación gradual
Para facilitar la adaptación de las estructuras administrativas locales, el organismo de control dispuso un esquema de incorporación progresiva.
Si bien la normativa ya rige para la administración central y organismos provinciales, los municipios, entes municipales y comunas quedarán exceptuados durante el ejercicio 2026, integrándose de manera obligatoria a partir del año 2027.
Experiencia acumulada
En la Acordada se indicó que “conforme surge de la experiencia acumulada desde la implementación de la Acordada N° 310 TC y de los informes producidos por las áreas técnicas del Organismo, la información actualmente requerida ha permitido efectuar controles cruzados relevantes, resultando conveniente avanzar hacia un régimen integral, permanente y sistematizado de control, sustentado en la consolidación, procesamiento y confrontación de información proveniente de diversas fuentes independientes”.
También que para “tales efectos, resulta necesario contar con información relativa a liquidaciones de haberes, beneficios previsionales, programas sociales y registros de defunciones, bajo formatos estandarizados que permitan su procesamiento automático”; y que “resulta oportuno definir una metodología de auditoría que contemple controles generales y específicos articulando la intervención de las Secretarías de Vocalía, Secretaría Contable, Fiscalías de Cuentas y el Área Organización y Sistemas”.
El nuevo sistema amplía el alcance de los controles
El TC sostuvo que “si bien el régimen establecido por la Acordada N° 310 TC ha permitido desarrollar procedimientos de control cruzado sobre las erogaciones en concepto de personal, el sistema integral previsto en la presente Acordada amplía el alcance de dicho control, al incorporar al cruzamiento de datos información proveniente de los municipios, entes municipales y comunas, extendiendo de este modo el universo de información susceptible de análisis y fortaleciendo las herramientas disponibles para el ejercicio del control externo”. (APFDigital)