Con los aliados en disidencia, se firmó el dictamen de la reforma en Salud Mental

Después de anunciar en conferencia de prensa los cambios al proyecto, las comisiones de Salud y Legislación General del Senado pasaron a la firma este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental. Desde el oficialismo pretenden llevarlo al recinto el próximo jueves 22 de octubre. El bloque peronista no acompañó y los aliados pidieron por las asignaciones presupuestarias de la iniciativa.

La reunión, realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, y por la titular de Legislación General, Nadia Márquez, ambas del oficiaismo. El texto puesto a consideración fue el resultado de una serie de cambios incorporados tras meses de discusión con especialistas, representantes provinciales y legisladores de distintos espacios políticos.

Al defender la iniciativa, la presidenta de la Arrascaeta destacó el proceso de consulta previo y aseguró que la reforma “fue debatida por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques”. Además, remarcó que se recibieron 16 informes de provincias y sostuvo que la actualización de la norma busca dar respuestas a una problemática que, según afirmó, no admite más demoras.

En la misma línea, la senadora María Belén Montes de Oca (LLA) valoró el trabajo realizado en comisión y consideró que el proyecto fue mejorado respecto de su versión original. “Finalmente se pudo llegar a un consenso”, señaló.

El senador misionero Carlos Arce y la radical correntina Mercedes Valenzuela acompañaron el dictamen, pero firmaron en disidencia. Ambos elevaron la voz en el Salón Azul y pidieron incorporar un artículo que garantice las partidas presupuestarias de esta reforma. No firmaron el dictamen los vocales de Convicción Federal. Tampoco los representantes del interbloque Popular. Arce consideró que las modificaciones propuestas resultan necesarias para fortalecer las políticas de salud mental y destacó los cambios introducidos respecto del texto original. En tanto, la senadora Valenzuela, si bien respaldó la iniciativa, insistió en la necesidad de garantizar partidas presupuestarias suficientes para que la futura ley pueda cumplirse plenamente en todo el país.

Durante el debate, el primero en reclamar por la incorporación de las asignaciones presupuestarias fue el senador chaqueño Jorge Capitanich -integrante del bloque Justicialista-, quien planteó la necesidad de postergar el tratamiento para analizar con mayor profundidad el alcance de las modificaciones y sostuvo que “esto requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área, de la capacidad de financiamiento y también remarcar el nivel de asignación de recursos humanos, para una problemática compleja”.

Capitanich planteó la necesidad de postergar el tratamiento para analizar con mayor profundidad el alcance de las modificaciones.

Minutos después, Fernando Salino de Justicia Social Federal agregó: “San Luis tiene 76.000 kilómetros y los problemas de salud mental están totalmente extendidos”. Y añadió que “si no hay partidas presupuestarias, esto va a ser letra muerta”.

A su turno, la senadora Patricia Bullrich defendió el dictamen y sostuvo que la propuesta representa un cambio de enfoque frente a situaciones vinculadas con trastornos mentales severos. Según explicó, la reforma incorpora una mirada más preventiva y apunta a intervenir antes de que se produzcan escenarios de riesgo extremo para los pacientes o terceros.

Los puntos de la reforma

Uno de los puntos diferenciales del actual marco normativo es el nuevo esquema de intervención judicial que esta reforma plantea. En el despacho, las órdenes de internación voluntaria pasarán a ser comunicadas y no autorizadas por un juez. De todos modos, cada juzgado podría requerir informes o peritajes, o dejar sin efecto una internación injustificada.

Además, se incorpora la ludopatía al concepto de adicciones y la referencia general a parientes se limita a padres o hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes. Se agrega, también, la conformación de equipos según los recursos humanos de cada provincia, dejando abierta la posibilidad de teleconsulta de psiquiatras.

El dictamen propone un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos, autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario.

Quedarán prohibidas las prácticas manicomiales y será restituido un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral, y se refuerza la promoción y prevención.

Se define la internación prolongada por más de 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, con intervención inmediata de oficio del órgano de revisión; se exceptúan los pacientes con problemática exclusivamente social; y se incorpora un registro de internaciones prolongadas.

Finalmente, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo, publicó Parlamentario. (APFDigital)